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más rápida y eficaz, contribuyendo a la mejora de las políticas públicas. Las potencialidades que de allí pueden nacer son numerosas (por ejemplo: el uso del nivel de luz para aclarar las calles puede adaptarse en tiempo real de acuerdo con el número de peatones que estén circulando, lo cual trae economías en energía considerables). Las ciudades inteligentes privilegian las energías limpias y renovables con el fin de optimizar los gastos de energía y, en consecuencia, tener una reducción de la factura energética para los usuarios, quienes son también contribuyentes.

      Este cuadro del futuro no está lejos de realizarse. En todo el mundo, las mutaciones esperadas para la ciudad del mañana están en curso. En Europa, en Asia, en América Latina las ciudades se están transformado desde la revolución informática y de los datos, que actualmente hace sentir sus efectos. Pero esa revolución no se produce a la misma velocidad en todas partes, ni responde a las mismas necesidades, ni evidencia los mismos marcos teóricos. Es por ello que se hace necesario reflexionar sobre un modelo de ciudad inteligente a través del doble prisma de la administración comparada y de la interdisciplinariedad del conocimiento (derecho, administración, sistemas informáticos, economía, urbanismo, feminismo, políticas públicas). Esto permite nivelar las diferencias y las asimetrías entre las ciudades de países desarrollados y esas de países en vía de desarrollo; entre países que dedican recursos para la participación ciudadana en infraestructuras de comunicación y de transporte, caracterizados por una alta eficiencia tecnológica, y países que se encuentran en procesos de actualización tecnológica en términos de infraestructura, y también en participación ciudadana. Las diferencias contribuyen a profundizar entre las ciudades los fenómenos de brecha tecnológica, desigualdad territorial y en cuáles los efectos se sienten con mayor peso en la gobernanza de las ciudades. Es a partir de esas asimetrías que la tecnología se convierte en una decisión tanto estratégica, política y jurídica, como administrativa, para adaptar el derecho administrativo a los nuevos fenómenos de la ciudad inteligente.

      Las ciudades deben entonces integrar los avances tecnológicos y su puesta en funcionamiento, mesurando los efectos jurídicos positivos y negativos, pero no solo de las innovaciones de la revolución informática (5G, dominio de la data en un mundo conectado con ‘inteligencia’ artificial, gestión de bases de datos...), sino igualmente las consecuencias jurídicas y políticas del desarrollo de otras tecnologías como las energía limpias, los nuevos materiales (nanotecnología), la biotecnología y la robótica.

      Pensar la ciudad inteligente en el contexto de la convergencia de las innovaciones tecnológicas y del derecho administrativo invita, reta a imaginar nuevas prácticas interdisciplinarias del derecho, adaptadas a los desafíos actuales de la sociedad de los datos. Los desafíos jurídicos se pueden enmarcar, en un primer momento, en las funciones sociales de la ciudad, en derechos colectivos (hábitat, movilidad, salud, educación, recreación). Es decir, desde la teoría clásica del servicio público. Bienes sociales que los habitantes deben compartir de forma inteligente (las infraestructuras urbanas, las redes de transporte, de educación, de salud, el espacio urbano, el aprovisionamiento). En un segundo momento, la ciudad inteligente debe garantizar el proteger las libertades públicas y los derechos fundamentales. El derecho a la libertad de expresión, el control ciudadano de la Administración y otros derechos desde los nuevos instrumentos y dispositivos tecnológicos. Podría resumirse en el derecho a la ciudad. Un derecho de base que, según el filósofo francés Henri Lefevre, es constitutivo de la democracia, el cual define a las ciudades como bienes comunes accesibles a todos los habitantes (2019).

      En el siglo XXI las ciudades se están enfrentando a conciliar y a resolver múltiples conflictos sociales que las cruzan, adaptando y utilizando tecnologías que solucionan problemas. Pero, al mismo tiempo generan impactos, externalidades negativas no previstas por el desarrollo de las políticas públicas urbanas de implementación de esas tecnologías. Un ejemplo de ello es la vigilancia de la vida pública urbana mediante cámaras. El incentivo es prevenir el crimen, pero se desarrolla el riesgo de construir una sociedad controlada, disciplinada por un poder tecnológico carente de legitimidad política y sin límites jurídicos.

      Frente a ello, la dimensión política del hombre y su calidad de vida deben estar en el corazón de los desafíos tecnológicos de las ciudades inteligentes. La creación de valor urbano no debe ser imperativamente económico, de seguridad, de información. Debe ser también social, humano y ecológico. Los nuevos modelos de vida, de servicios y de negocios en las ciudades deben tomar en cuenta la obligación absoluta de la lucha por el clima y las grandes transformaciones sociales para superar las crecientes desigualdades que la tecnología pueda desarrollar al paso de su implementación en un mundo global (Sassen, 2015).

      La ciudad inteligente es inteligente porque instala al hombre en el centro del espacio urbano y de la discusión jurídica y administrativa. No instrumentaliza al cuerpo social con el cálculo estadístico de la Big Data y de la inteligencia artificial. El derecho administrativo se hace entonces fundamental para preservar ese componente humano, regulador de la implementación tecnológica en marcos de legalidad y constitucionalidad, desde el corazón de la actividad administrativa. La legalidad administrativa actualizada desde las nuevas tecnologías se vislumbra necesaria.

      Así, la ciudad inteligente se ha ido convirtiendo, para el derecho administrativo, no solo en un desafío técnico para la Administración Pública, es también un laboratorio de nuevos medios jurídicos para materializar los valores jurídicos de la sociedad liberal y del Estado social de derecho (como la libertad y la igualdad), en nuevas geografías urbanas y tecnológicas, dentro de un sistema de gobernanza multinivel (Coopenergy, 2015).

      2. Método y organización del libro

      Para abordar el problema, decidimos centrarnos en pensar la metodología desde el pensamiento complejo. Lo que Edgar Morín denomina “la relación del universal” (1989, p. 18). Una forma de comprender el problema interdisciplinariamente, donde el derecho administrativo juega un rol de hilo conductor sin pretender dar todas las respuestas. Pero al mismo tiempo es alimentado y repensado desde nuevas categorías como ciudad inteligente, datos, ciudades eco sostenibles, gentrificación, desarrollo y mercado. Para lo cual, dividimos los dos coloquios y el libro en dos grandes temas clásicos del derecho público: libertades públicas y principio de igualdad. Temas que representan el alma de construcción del derecho administrativo. Esto permite observar cómo hoy él se enfrenta a nuevos lenguajes, desafíos y problemas en la puesta en funcionamiento de la ciudad inteligente.

      2.1. La reconfiguración de las libertades públicas

      En 2015, en la Universidad del Rosario nos reunimos para abordar una primera aproximación a esas preguntas, ¿si la ciudad inteligente es un concepto estandarizado administrativamente por la tecnología y el tecno-capitalismo de libre mercado? o, al contrario, ¿es una noción multiforme todavía dibujada por las fuerzas del derecho, de la administración y de la participación del ciudadano garantizando libertades públicas? Las respuestas fueron la diversidad y la polisemia de la propia noción de ciudad inteligente. La noción está condicionada por estructuras culturales y sociales, y no solo por la tecnología y su potencia de cálculo hacia la eficiencia. Al contrario, la estandarización tecnológica para la eficiencia puede percibirse, desde el derecho administrativo, como una amenaza jurídica para la diversidad cultural y social en la ciudad, el interés general, los derechos fundamentales y las libertades públicas. Así lo plantean Irène Bouhadana⁸ y William Gilles⁹ en sus reflexiones sobre los desafíos de la ciudad inteligente verde y la ciudad de la información. En ese camino María Paula Ángel nos propone reflexionar sobre la aculturación tecnológica en los varios modelos de Administración y sus valores jurídicos. Se pregunta si ¿hoy los modelos de Administración Pública están siendo revolucionados por el desarrollo y la administración de los datos? Es un ejercicio de adaptación, politización, judicialización de la tecnología, para domesticarla y ponerla al servicio de los ciudadanos, en una nueva arquitectura administrativa, que se podría denominar la Administración Datificada (Ángel Arango, 2016 y 2018).

      De otra parte, Jean Harivel¹⁰ y Viviana Díaz Perilla¹¹ nos hablan de cómo la ciudad inteligente está confrontada a preservar las libertades públicas, tanto en su contenido político como de movilidad en el espacio urbano. La libertad

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