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de gran interés para toda la humanidad. Al final, todo se relaciona tanto con las estrategias de adaptación y mitigación como con el cambio de actitud, la toma de conciencia de toda la sociedad sobre ese objetivo común y la adopción de políticas públicas en torno a dicha realidad.

      En Colombia, aun cuando la academia empieza a asumir un liderazgo para abordar el cambio climático, su influencia en comparación con otras instituciones de educación superior de la región sigue siendo insuficiente³, máxime si se toman como referencia los programas de investigación y el personal calificado con el que cuentan. En efecto, el enfoque actual de investigación en el país sobre cambio climático se basa en las ciencias exactas o en los aspectos tecnológicos del mismo. Basta con remitirnos a los datos reportados en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias para comprender tal realidad.

      Como respuesta a los anteriores planteamientos, esta publicación busca atender esa realidad, aportando desde la ciencia y la perspectiva social soluciones y aproximaciones prácticas que den alcance a esta necesidad identificada. Ello sin omitir que se deben emprender acciones, aunque Colombia, según el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022), solo genera el 0.42 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), porcentaje del cual el sector transportador es el mayor responsable, ya que genera el 78 % de dichas emisiones.

      No obstante, para el Gobierno nacional el cambio climático debería ser un asunto primordial y atenderlo de manera urgente, ya que las problemáticas de nuestro país hacen que seamos muy vulnerables a los efectos que este genera, debido a su ubicación geográfica, a la deforestación, a la baja inversión en infraestructura en las últimas décadas, a la situación económica de una gran parte de las familias y al limitado avance en investigación al respecto. Esta realidad, aunada a una multiplicidad de factores socioeconómicos, agudiza aún más la situación por una baja capacidad de maniobra del país para lograr la adaptación y mitigación.

      Además de lo anterior, vale la pena considerar que en materia de cambio climático las políticas alrededor del mundo basadas en la superproducción y explotación desmedida de los recursos naturales han influenciado el uso de los bosques en Latinoamérica, en especial en la región amazónica, dada la creciente demanda de productos agrícolas, forestales, ganaderos y de biocombustibles. Ello ha conducido al aumento de los procesos de deforestación. Por otro lado, es de destacar que los bosques absorben el 50 % de las emisiones globales de carbono y albergan el 75 % de la biodiversidad; asimismo, se estima que la deforestación es responsable de cerca del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (Cordero, 2011).

      Este asunto cobra gran relevancia al considerar que, en cuanto al cambio climático, los bosques y su capacidad de absorber y almacenar el CO₂ de la atmósfera ofrecen posibilidades de mitigación a los efectos del cambio climático; sin embargo, al ser talados, el carbono almacenado por los árboles se desprende y se integra a la materia orgánica de los suelos forestales o se libera en la atmósfera. Debido a lo anterior se ha hablado de la importancia que tienen los bosques tropicales en el ciclo global de carbono al contener casi el 50 % del carbono activo de la Tierra (Ciesla, 1996). Esto es importante dado que nuestro país cuenta con áreas boscosas de gran trascendencia para toda la comunidad mundial.

      En este contexto se resalta, por ejemplo, que la Amazonía alberga más de la mitad de los bosques tropicales que quedan en el planeta, además, es una de las zonas con mayores concentraciones de biodiversidad a nivel global. Pese a esto, también es una región en la cual la deforestación está acabando con dicha diversidad biológica, lo que contribuye indudablemente al cambio climático, pues además de aportar en la emisión de mayores cantidades de carbono a la atmósfera por la deforestación, no puede cumplir con su rol natural que incluye la transpiración de agua y la generación de nubes en la circulación atmosférica en los continentes y hemisferios (Poveda, 2011).

      La superficie aproximada de la región amazónica es de 7.4 millones de kilómetros cuadrados, distribuidos en nueve países latinoamericanos, esto es, el 5 % de la superficie total de la Tierra. Su importancia en el cambio climático radica en su capacidad de regular el clima de la región, dada su gran cantidad de fuentes hídricas y el ciclo del agua, que emite vapor a la atmósfera a nivel regional y global, y posibilita las precipitaciones de la región. Asimismo, se calcula que en el bosque de la Amazonía se encuentra concentrado el 20 % del carbono del mundo. De igual modo, su capacidad como generadora de agua y proveedora de servicios ecosistémicos vitales para el planeta hacen que se reconozca la relevancia geopolítica de esta región a nivel nacional e internacional (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013).

      Atendiendo al papel que desempeña la región amazónica para enfrentar el cambio climático, sumado a los incendios propagados que han ocurrido allí, en especial durante el año 2019, la comunidad internacional ha insistido en la necesidad de proteger esta región. Para ello se han asignado recursos y diseñado planes y programas de carácter internacional, regional y nacional con miras a la conservación de la Amazonía y la reforestación de esta zona, como por ejemplo el de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), creado en 1978; el Pacto de Leticia por la Amazonía de 2019 a nivel regional, y el programa REM (por sus siglas en inglés, reducing emissions from deforestation and forest degradation [REDD] early movers) Visión Amazonía, del Gobierno colombiano, que pretende la protección de los bosques, la reforestación y el uso adecuado de los recursos naturales.

      La preocupación por la Amazonía ha tenido una trascendencia de tal nivel que ha llevado a los jóvenes a emprender acciones judiciales en procura de proteger este ecosistema, tal es el caso colombiano de veinticinco niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre los siete y veinticinco años, que interpusieron una acción de tutela para que les fueran amparados sus derechos a gozar de un ambiente sano, a la vida y a la salud, los cuales estaban siendo vulnerados debido al aumento de la deforestación en esta zona, como consecuencia del acaparamiento de tierras, cultivos de uso ilícito, extracción ilícita de minería y madera, expansión de la frontera agrícola y proyectos de infraestructura. Ante este escenario, la Corte Suprema de Justicia realizó un análisis sobre los derechos incoados, las omisiones institucionales que versaron sobre esta materia y la importancia que tiene esta zona para la humanidad, y llegó a la decisión de reconocer la Amazonía colombiana como un ente sujeto de derechos y, por ende, ordenar que les corresponde al Estado y a las autoridades competentes velar por su protección, preservación, restauración y conservación (Corte Suprema de Justicia, STC4360-2018).

      Para hacerle frente a esta situación, la Universidad del Rosario ha prestado atención a la incorporación de la problemática del cambio climático en sus actividades de investigación y enseñanza⁴, y viene trabajando en la consolidación del Grupo de Estudios Interdisciplinarios en Cambio Climático. Es así como este texto es una pieza más que se suma al esfuerzo para dar alcance a una serie de reflexiones de la comunidad académica, la ciudadanía, el sector privado y los encargados de la toma de decisiones, y que, además, atiende a las palabras de Valencia-Hernández y Munévar-Quintero (2014):

      El cambio ambiental global y climático se presenta hoy como un gran reto de conocimiento y acción para las ciencias sociales; la emergencia social, política y jurídica del cambio ambiental global y del cambio climático en los discursos académicos y políticos hace pensar que estos temas definitivamente se instalaron no solo como objeto de estudio y en la discusión de los científicos sociales, sino también en los discursos institucionales a nivel global y regional. (p. 45)

      Con lo anterior, este texto se aproxima a la situación actual y para ello, Gloria Amparo Rodríguez y Andrés Gómez Rey, en el capítulo titulado “Instrumentos de política pública sobre cambio climático en Colombia”, señalan cómo la actividad humana ha contribuido a la modificación de las condiciones del planeta y ha venido alterando la composición de la atmósfera mundial, lo cual ha conducido, a su vez, a la variabilidad natural del clima, una de las preocupaciones ambientales más recurrentes. En este sentido, la comunidad internacional ha venido manifestándose, creando instrumentos para la prevención del cambio climático, su mitigación, y la adaptación y obligaciones específicas que deben asumir los Estados. Nuestro país no es ajeno a esta preocupación y ha empezado a desarrollar un marco jurídico sobre el cambio climático,

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