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      La lucha por la supervivencia y el papel del gremio cinematográfico

       ¿Cuándo y por qué empezó el cuestionamiento de la Ley 19327? ¿Cómo se debe interpretar ese desencanto? ¿Qué expectativas había con respecto a su vigencia? ¿Cómo se portaron los diferentes gobiernos con respecto a la ley?

      En verdad son muchas preguntas, y no puedo responder todas en detalle en este momento. Lo que habría que decir es que el Decreto Ley 19327 se empieza a impugnar desde que se aprueba, pues hubo ciertos sectores que no estuvieron conformes con él. Hablo de los exhibidores, los dueños de las salas de cine, quienes, sobre todo al inicio de la aplicación del régimen de fomento cinematográfico, no aceptaron que les impongan películas que ellos libremente no habían contratado para sus salas. También se opusieron los distribuidores de películas extranjeras, porque veían que en algún momento se les iba a quitar las salas de cine, impidiendo de esa manera que ellos pasen su programación prevista. Así que el cuestionamiento acompañó toda la vida de ese decreto ley.

      En cuanto a cómo se comportaron los distintos gobiernos con respecto a la ley, diría que fueron en realidad muy parecidos en su relación con el régimen legal cinematográfico, es decir, bastante indiferentes. Por eso los cineastas tuvieron que estar detrás de cada gobierno buscando sortear aquellos artículos que eran incompletos o deficientes para poder sobrevivir.

      Por ejemplo, durante el Gobierno Militar se varió la regla que establecía que había que presentar diez copias de los cortometrajes por solo seis. Luego, durante el segundo gobierno de Acción Popular conseguimos, en una larguísima gestión de dos años, que se cambiara el sistema de reparto del impuesto de tal manera que fuera más equitativo. Esto supuso una serie de tramitaciones, conversaciones con ministros, con la gerencia del Banco de la Nación, etcétera. Igualmente, en el primer gobierno de Fujimori (dejando de lado el gobierno del APRA, en el que no recuerdo que se haya producido cambio alguno), se recorta el impuesto al espectáculo público no deportivo. Es decir, el impuesto que se pagaba en el cine, que era del treinta por ciento se reduce al diez por ciento, lo cual afectaba directamente a los cineastas, ya que con esta medida veían disminuidos sus ingresos por presentación de cortometrajes a un tercio. Entonces, por gestión e iniciativa de los cineastas, durante el mismo gobierno de Fujimori se rectifica la medida y sube nuevamente el porcentaje del impuesto que va al cortometraje, paliándose así una vez más el peligro. Como se puede ver, todos los gobiernos han actuado legislativamente a favor del cine nacional porque los cineastas se organizan y luchan por la defensa de su actividad. Hay que destacar también que esta defensa se promueve orgánicamente con más facilidad a partir de 1978, cuando se constituye la Asociación de Cineastas del Perú (ACDP), que sigue siendo el principal organismo gremial privado.

       ¿Cuándo y por qué motivo se derogó la Ley de Cine? ¿Por qué razones su defensa fue pobre y poco sentida por los cineastas? ¿Podrá el cine nacional sobrevivir sin una ley que lo ampare y regule legítimamente?

      En primer lugar, hasta agosto de 1994, el Decreto Ley 19327 (Ley de Cine), no ha sido derogado.¹ Pero desde diciembre de 1992 se han quitado los dos únicos incentivos que resultan ser los sustanciales para el desarrollo del cine nacional: la cesión a los productores nacionales del impuesto que cobran los municipios al público que va al cine, y la exhibición de las películas peruanas en salas a las que no accederían ordinariamente.

      Esta supresión de las disposiciones básicas por parte del gobierno de Fujimori casi ha paralizado el cine nacional. Así, aunque aún seguimos con el Decreto Ley 19327, sin esos dos incisos que mencioné, podríamos decir que el cine nacional casi ha terminado.

      Espero que la situación se recupere, pues los cineastas están haciendo una defensa esforzada, yendo al Congreso, buscando ministros, redactando nuevos proyectos de ley. Por tanto, yo espero que el éxito que los cineastas lograron a lo largo de veinte años, no solo para mantener el régimen legal cinematográfico sino también para irlo mejorando, los acompañe en los próximos años. Creo que este gremio ha demostrado capacidad para defender su sector artístico, comercial y cultural. Espero que aun sin las disposiciones mencionadas pueda sostenerse, hasta que cambien los tiempos, se apruebe un nuevo régimen legal básico o se dé una base mínima para que los jóvenes de estas nuevas generaciones también puedan realizar su vocación cinematográfica.

       ¿Cuál es su balance de esta experiencia de algo más de veinte años de cine nacional? ¿No cree que se desaprovechó una buena oportunidad para iniciar una industria del cine más sólida y duradera? ¿Por qué tanto el cortometraje como el largometraje no capitalizaron lo suficiente para salir adelante con mejores condiciones?

      Creo que se ha hecho bastante, ese sería el balance personal que yo haría. Que se pudo hacer más, también es cierto. Numéricamente tenemos los datos a la mano: mil doscientos cortometrajes, sesenta largometrajes, ochenta y tres áreas temáticas tocadas. A través de estos cortos todos los departamentos del Perú han sido recorridos y filmados. Más de doscientas empresas se conformaron legalmente, aunque es cierto que no todas entraron en actividad sostenida y permanente. Se brindó educación para la producción cinematográfica mediante la práctica. Más de trescientos peruanos han dirigido algún corto, etcétera.

      Podríamos seguir dando cifras sobre los beneficios alcanzados, para certificar que toda la inversión ha sido productiva. La

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