La administración pública del futuro - Juan Carlos Guerrero Fausto Jalisco

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lo que representa el 57% de la población mundial; 3 400 millones de personas (45% de la población mundial) eran usuarios activos de redes sociales y 5 100 millones (67% de la población mundial) tenían al menos un teléfono celular (FMI, 2019, en Kemp, 2019). El acceso a internet no es igual entre países y regiones geográficas. La figura 1 representa en escala de colores el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita por país, indica en el tono más claro los niveles más bajos de PIB per cápita, y en el tono más oscuro, los países con el PIB per cápita más alto. Los recuadros azules muestran el porcentaje de cobertura de internet por región. Como se ve en la figura 1, la cobertura de internet en América Latina y el Caribe es asimétrica: la cobertura en los países del sur es del 73%, mientras que en Centroamérica y el Caribe es del 63% y 51%, respectivamente.

      Esta visualización sugiere una mayor inversión en conectividad en países donde el PIB per cápita es mayor. Numerosos estudios han demostrado la correlación entre el acceso a las TIC y el crecimiento económico (May, Waema y Bjåstad, 2014). Según la teoría económica, la abundancia de la industria de la información genera mercados económicos más competitivos. La infraestructura avanzada de las TIC aumenta el número de participantes digitales en todos los sectores del sistema económico, social y político de un país (Meso, Datta y Mbarika, 2006).

      Figura 1. Mapa sobre cobertura de internet y crecimiento económico.

      Fuente: Tomado de bid (2020, en Kemp, 2019).

      Si bien las TIC impulsan el progreso socioeconómico en los países en desarrollo, el acceso a estas no puede ser una solución a la pobreza en sí misma, sino un conjunto de instrumentos orientados a alcanzar los objetivos de desarrollo global y reducción de la pobreza (UNRISD, 2010). Como afirma Zheng (2009: 79): “En lugar de maximizar el acceso a la tecnología, las TIC para el desarrollo deben tener en cuenta el uso efectivo de las TIC para mejorar tanto el bienestar como la libertad de agencia de las personas”. Para ello, los países que buscan la reducción de la pobreza a través de las TIC necesitan concebir nuevas aplicaciones y modelos de inclusión digital utilizando el aumento de canales de TIC, como móviles y telecentros (Hewitt, 2001; Heeks, 2008).

      Sin embargo, los países latinoamericanos han invertido constantemente menos en la adquisición de competencias digitales (capital humano) en comparación con su nivel de inversión en infraestructura de TIC. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Índice de Digitalización de la región ha crecido 155% en los últimos 14 años, mientras que su Índice de Capital Humano ha aumentado solo 1%, según se muestra en el gráfico 1 (CEPAL, 2020). La llamada brecha digital es una cuestión no solo de la indisponibilidad de las TIC, sino también de los contextos sociales, políticos, institucionales y culturales que dan forma a la incapacidad de las personas para valorarlas y utilizarlas de manera eficaz (Madon et al., 2009).

      Gráfico 1. Digitalización / Índice de Capital Humano 2004-2018, América Latina y el Caribe.

      Fuente: Tomado de cepal (2020).

      El cierre de la brecha digital en México ha tenido un avance importante a partir de la reforma de telecomunicaciones aprobada en 2014, ya que introduce cambios significativos en los mecanismos de gobernanza y autonomía del órgano regulador, las condiciones de competencia en el sector, el reconocimiento de internet como un derecho fundamental, así como la obligación del Estado de diseñar, implementar y evaluar una “política de inclusión digital” para aprovechar los beneficios de una sociedad de la información y el conocimiento al alcance de todos (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2014).

      Este reconocimiento a nivel constitucional muestra la evolución de la transformación digital como política de Estado, igual de importante que la política económica, social, de salud, de trabajo y bienestar social. Para hacer accionable el mandato constitucional de una “política de inclusión digital”, la Presidencia de la República en México creó la Coordinación de Estrategia Digital Nacional como la oficina responsable de definir, implementar y monitorear el cumplimiento de la Estrategia Digital Nacional. Este documento fue publicado como parte del “Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018” en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, convirtiéndose en un mandato transversal a todas las entidades gubernamentales (dof, 2013).

      Los resultados de este nuevo modelo de gobernanza de la política digital permitieron un trabajo abierto y colaborativo con el ecosistema digital del país y un avance significativo en los indicadores internacionales de Gobierno Digital, Datos Abiertos y Competitividad, como se muestra en el gráfico 2.

      Gráfico 2. Variación en posiciones de los índices más relevantes en materia de desarrollo digital entre 2012 y 2018.

      Fuente: Departamento de Análisis de Indicadores de la Estrategia Digital Nacional (2018).

      Gráfico 3. Variación en posiciones del Subíndice de Servicios Digitales.

      Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes.

      La articulación desde la Presidencia de la República en la integración de gob.mx como único punto de acceso digital a información de entidades públicas, trámites y servicios, datos abiertos y mecanismos de participación ciudadana digital, permitió la estandarización y puesta en línea de los servicios de más alta demanda ciudadana, como la expedición del acta de nacimiento, que requirió del trabajo colaborativo de las 32 entidades federativas para acordar un formato único y un acceso unificado a través de www.gob.mx/actas, facilitando así a las personas el acceso a su documento desde cualquier lugar, hora y dispositivo conectado a internet.

      Otro servicio de alta demanda ciudadana que se rediseñó por completo en este periodo es la cédula profesional electrónica (www.gob.mx/cedulaprofesional), gracias al trabajo colaborativo entre el gobierno federal a través de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, la Secretaría de Educación y las más de nueve mil instituciones educativas del país. La coordinación del rediseño de este servicio desde la Presidencia de la República facilitó la adecuación de la Ley de Profesiones emitida en 1945, cuya primera actualización se realizó en 2018 como parte de la simplificación de normativas para la digitalización del servicio.

      Así mismo, la emisión del estándar de título electrónico aplica para las más de nueve mil instituciones de educación superior (IES) y permite el envío en electrónico de los datos del título que serán integrados a la cédula profesional electrónica. Antes de la digitalización del servicio, las IES realizaban todo el proceso de forma presencial, lo cual generaba que la entrega de la cédula profesional a los profesionistas recién egresados tardara hasta un año.

      La digitalización del acta de nacimiento y de la cédula profesional requirió el consenso de múltiples entidades públicas en los tres órdenes de gobierno con autonomía de gestión, lo que demuestra el interés nacional de poner a las personas al centro,

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