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Católica; Ignacio Briones y Andrea Repetto, de la Universidad Adolfo Ibáñez; Eduardo Aninat, Hernán Cheyre y Carlos Rodríguez, de la Universidad del Desarrollo, y Claudia Sanhueza, de la Universidad Mayor.

      Agradezco las muchas conversaciones y los inquisitivos aportes de José Miguel Benavente, del Banco Interamericano de Desarrollo; Mario Marcel, presidente del Banco Central de Chile, y de Jorge Rodríguez, entonces en la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. También a mi gran amigo Maurizio Bussolo, del Banco Mundial, con quien conversé menos de lo deseado sobre el contrato social, pero cuyos escritos al respecto me iluminaron. Agradezco el diálogo con Alejandro Foxley y Manuel Marfán, de Cieplan; Andrés Sanfuentes, del CED; Cristián Larroulet, de Libertad y Desarrollo, y Leonidas Montes y Rodrigo Vergara, del CEP, así como las conversaciones que tuve con Andrea Butelman, Felipe del Solar y Roberto Zahler.

      Lo que sé de derecho constitucional se lo debo a Fernando Atria, Carlos Carmona, Gloria Claro, Luis Cordero, Javier Couso, Francisco Cox, Arturo Fermandois, Matías Larraín, Esteban Ovalle, Juan Ignacio Piña, Pía Silva, José Luis Ugarte y Patricio Zapata. En el ámbito de la ciencia política y la sociología, agradezco los aportes de Alfredo Joignant, Pedro Güell y Sergio Micco.

      Con Daniel Hojman organizamos en la FEN durante 2016 una serie de debates que denominamos “Viernes constitucionales”. Sin repetir a los ya mencionados, agradezco a Alberto Arenas, Carl Bauer, Solange Berstein, Fernando Coloma, Rossana Costa, Valentina Durán, Silvia Eyzaguirre, María Isabel González, Nicolás Grau, Felipe Kast, Ricardo Lagos Escobar, Matías Larraín, Alfredo Sfeir, José Luis Ugarte, Sergio Urzúa y Ángela Vivanco.

      Luego de que la primera versión del libro estuviera lista, he dictado desde la primavera de 2018 un curso optativo en la FEN basado en los contenidos de este volumen. Un grupo de alumnos ha leído el manuscrito y realizado comentarios que quisiera agradecer: Isaac Carriel, Paul Gondonneau, Luis Felipe Hidalgo, Ariel Higuera, Santiago Illanes, Tomás Jaar, Sebastián Muena y Franco Vergara.

      Inmediatamente anunciado el proceso constituyente, en la FEN y con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, hemos preparado el proyecto “Nueva Constitución para Chile”. Quiero agradecer al decano de esa Facultad, Pablo Ruiz-Tagle, por su apoyo y comentarios sobre temas constitucionales. Una mención especial merece Diego Pardow, con quien comparto la idea de que la economía y el derecho deben trabajar más de cerca. Un grupo de alumnos está ayudándonos con la organización conceptual y la implementación del programa. Quiero destacar especialmente a Manuel Taboada, así como a Kevin Sepúlveda, Álvaro Castillo y Matías Fuentes.

      Javier Couso organizó una presentación en la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Agradezco los comentarios que entonces hicieron Domingo Lovera, Jaime Bassa, Sebastián Soto, Rodolfo Figueroa, Matías Guiloff y José Luis Ugarte.

      Una deuda especial tengo con Felipe Schwember, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que hizo importantes comentarios a aspectos filosóficos de la teoría del contrato social.

      Quisiera agradecer también al Institut d’Études Politiques de París (SciencesPo), que se interesó en que dictara un curso basado en este libro dentro del programa de graduados. Dicho curso lo he dado en 2019 y 2020. En particular agradezco por la invitación y los valiosos comentarios a Jean Pisani-Ferry y al decano de la Paris School of International Affairs, Enrico Letta. He tenido valiosos intercambios con Philippe Bezes, pero también con Guillaume Chapelle, Elie Cohen, Olivier Dabenne, Maurizio Ferrera, Bruno Palier, Olivier Pilmis, Xavier Timbeau y Mikaël Zammour.

      Un reconocimiento especial a Olivier Bouin, director del Réseau Français des Instituts d’Études Avancées, por compartir sus ideas del “Manifiesto por el progreso social”.

      La agrupación de estudiantes de posgrado de la London School of Economics (LSE) me invitó dos veces a presentar una versión de este libro. La segunda se canceló por la epidemia del coronavirus, no obstante lo cual recibí valiosos comentarios de José Manuel Matte, Noam Titelman y Diego Vela. Agradezco también el diálogo con Andrés Velasco, decano de la Escuela de Políticas Públicas de LSE.

      Debo agradecer también a Ha-Joon Chang, de la Universidad de Cambridge, por sus comentarios e invitación para presentar este libro en esa universidad.

      Agradezco también al Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París (IHEAL), en particular a Vera Chiodi, así como a Juan Pablo Scarfi, de la Universidad Nacional San Martín de Argentina, a quien encontré en el IHEAL.

      En la Paris School of Economics agradezco las conversaciones con Agnes Benassy-Quere, François Bourguignon y Roger Guesnerie. Estoy particularmente agradecido por los estimulantes encuentros durante tantos años con mi gran amigo Carlos Winograd.

      La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) organizó un seminario donde discutimos los contenidos de este libro. Quiero agradecer el interés y los comentarios a Paula Cerrutti, Sebastián Nieto, Ana Novik, Nicolás Ruiz y Juan Yermo.

      Un reconocimiento muy especial debo a Ken Binmore, del University College de Londres y la Universidad de Bristol. Sus escritos sobre la interpretación del contrato social desde la perspectiva de la teoría de juegos agregó una dimensión crucial para el desarrollo del libro. A Ken no lo conocía hasta que me atreví a escribirle para visitarlo. Se inició una amistad virtual que agradezco.

      Quiero agradecer las conversaciones con Sebastián Edwards, de la Universidad de California, por sus reflexiones sobre el populismo y el rol de las instituciones en el desarrollo económico. Agradezco a Carl Bauer, de la Universidad de Arizona; a Ulrike Broschek, de la Fundación Chile, y a Axel Dourojeanni, por compartir sus conocimientos y observaciones sobre el problema de los recursos hídricos en Chile. Gerard Bronner, de la Universidad Paris-Diderot, fue clave en las discusiones sobre creencias e ideología. En la LSE debo agradecer a los profesores Nicholas Barr y Richard Layard. Lo mismo puedo decir de una provechosa conversación con Marisol Touraine, exministra del Trabajo y miembro de la Cours des Comptes de Francia, sobre aspectos constitucionales en ese país.

      Y a lo lejos, en el tiempo, no puedo no agradecer a algunos de mis profesores del colegio, a quienes les debo hoy más de lo que pensé: Verónica Urrutia, Roberto Alderete, Nicolás de Prado, Jorge Sepúlveda y, tanto por sus enseñanzas como por una llamada muy especial, a mi profesor de matemáticas, Sergio Seballos.

      Evidentemente, cualquier error que persista a todos los buenos consejos que recibí es de mi exclusiva responsabilidad.

      INTRODUCCIÓN

      Este libro comenzó a ser pensado mucho antes del estallido social de octubre de 2019. Cuatro años antes, el gobierno de Michelle Bachelet anunciaba que iniciaría el proceso para aprobar una nueva Constitución. En aquel entonces, yo ocupaba el cargo de presidente de BancoEstado y me sorprendieron, en las conversaciones con empresarios, los temores profundos que detonó ese anuncio. Me pareció un error iniciar una reforma de tal magnitud solo refiriéndose al procedimiento, sin que el Gobierno diera luces sobre los contenidos a los que aspiraba.

      Claro, esa no era una opción antojadiza. El trasfondo era la gradual pero sistemática pérdida de prestigio de nuestras instituciones democráticas, en particular de la Constitución. La reforma de 2005 cambió algunos elementos cruciales, como la existencia de senadores designados y la capacidad del Consejo de Seguridad Nacional de autoconvocarse, pero a pesar de ello no logró detener el proceso.

      El gobierno dudaba entre la presentación de un proyecto propio y convocar a una asamblea constituyente. Finalmente optó por un camino intermedio. Los contenidos debían surgir de la manera más pura posible y del pueblo mismo. Para ello creó un “proceso constituyente”, el cual contemplaba varias fases. Primero, una de educación cívica, seguida de diálogos a niveles comunal, provincial y regional. Un “Consejo Ciudadano de Observadores” ordenaría esa información, lo que daría paso a una propuesta de reforma constitucional que, efectivamente, se presentó en el Congreso hacia el final del gobierno. Dicha reforma era una propuesta de Constitución que serviría de base para una discusión que tendría lugar en uno de tres foros

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