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      Si bien la cantidad de leyes de reforma constitucional que han sido dictadas pareciera dar cuenta de la imperfección de la Carta Fundamental de 1980, arribar a dicha conclusión implica haber oteado solo superficialmente las normas constitucionales y la intención del constituyente.

      A medida que los diversos capítulos de la parte dogmática de la Constitución sean tratados en este trabajo, con mención de sus respectivas modificaciones, habremos de concluir que, si bien aquella fue elaborada en su origen bajo un especial contexto histórico nacional, las modificaciones o “actualizaciones” que la misma ha sufrido, lejos de hacerle perder validez, no han hecho más que reforzar el valor que tiene como cúspide de la pirámide normativa legal. Es ese valor y esa fuerza lo que nos permite llamarla Carta Fundamental, lo que se ha denominado el principio de la jerarquía o supremacía constitucional, el que, no consistiendo sino en que toda norma que se dicte en nuestro país debe respetar todos y cada uno de los preceptos constitucionales, gracias a la propia Constitución de 1980 hoy resulta indubitable.

      Por último, el texto constitucional sufrió una de sus mayores modificaciones en diciembre de 2019, mediante la Ley Nº 21.200, fecha en la cual se plasmó, mediante la incorporación del epígrafe “Del procedimiento para elaborar una nueva Constitución Política de la República” en el capítulo XV, un acuerdo alcanzado por los partidos políticos de mayor relevancia en el edificio del ex Congreso Nacional, en Santiago, la noche del 15 de noviembre del mismo año. Este fue el primer paso para el inicio de un proceso constituyente que, al momento de escribir estas líneas, se encuentra en plano desarrollo.