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se vio favorecido por la derogación del estado de sitio en septiembre del mismo año. En ese contexto, en octubre se constituyó el Movimiento Pueblo Unido (MPU), integrado por organizaciones de trabajadores, colonos, campesinos, estudiantes y mujeres en torno a la problemática de los derechos humanos en Nicaragua y la libertad de los presos políticos.

A raíz del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero de 1978, la UDEL convocó a una huelga general. La mitad de los comercios de Managua cerraron sus puertas y cerca de 300 000 trabajadores faltaron a sus labores. Los sandinistas realizaron acciones en Matagalpa, Granada, León y Masaya y tuvieron lugar importantes levantamientos indígenas en los barrios de Monimbó y Subtiava. El movimiento popular se desbordó y fue víctima de la sangrienta represión de la Guardia Nacional. En respuesta, la oposición antisomocista empezó a aglutinarse y a conformar bloques unitarios en contra de Somoza. Tal fue el caso del surgimiento en marzo del Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), dirigido por Alfonso Robelo; el Frente Amplio Opositor (FAO), constituido en mayo por el propio MDN, la UDEL y el Grupo de los Doce,7 la oposición conservadora y algunos sindicatos obreros; y el MPU, creado por los sandinistas en julio, y en el cual confluyeron partidos políticos de izquierda, organizaciones estudiantiles, sindicatos, asociaciones de mujeres, etcétera.

Los movimientos populares culminaron con la toma del Palacio Nacional el 22 de agosto,8 acción que abrió la puerta a la insurrección de septiembre de 1978. A partir de entonces comenzaron a darse pasos más certeros hacia la unidad del movimiento popular. El FAO y la Organización de Estados Americanos (OEA) pretendieron negociar una salida pacífica con un “somocismo sin Somoza”, contando con el apoyo de Estados Unidos, por lo que el Grupo de los Doce, el PSN y la CTN se retiraron del FAO y, a partir de que se inició el proceso de reunificación de las tres tendencias dentro del FSLN, se conformó el Frente Patriótico Nacional (FPN), cuyo eje fundamental era el MPU, y al cual se sumaron el Grupo de los Doce, diversas fuerzas de izquierda y los sindicatos dirigidos por el FSLN. Así, ante la imposibilidad de llevar adelante un gobierno somocista sin Somoza, los sectores conservadores decidieron aliarse con las fuerzas populares y tratar de influir en el nuevo gobierno. Por su parte, el FSLN amplió su política de alianzas y empezó a trabajar en la organización de las masas que participarían en la insurrección y en la creación de una fuerza militar que garantizara la victoria: el Ejército Popular Sandinista (EPS).

En los primeros meses de 1979, el ascenso del movimiento revolucionario era incuestionable. Las acciones militares del FSLN se multiplicaron9 y, a la par que se desarrollaban los enfrentamientos militares con la Guardia Nacional, las organizaciones populares se hacían presentes en manifestaciones, tomas de ciudades, construcción de barricadas, tomas de iglesias, etcétera. Este proceso culminó con la reunificación de las tres tendencias en marzo de 1979, el inicio de la ofensiva final, el llamado a la huelga general el 4 de junio y la constitución del Gobierno Provisional de Reconstrucción Nacional el 16 del mismo mes, acciones que junto con los intensos combates llevados a cabo por el EPS y las movilizaciones de las masas organizadas condujeron al triunfo de la revolución sandinista el 19 de julio de 1979. En este proceso tuvieron un papel central los frentes amplios (MPU y FPN), las organizaciones de masas sectoriales, así como la participación en formas de lucha armada y no armada a través de los Comités de Defensa Civil (CDC) que fortalecieron la labor de dirección del FSLN.10

      Tradiciones y principios

Los principios tradicionales de la política exterior mexicana (no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los Estados, cooperación internacional para el desarrollo, y lucha por la paz y la seguridad internacionales) comenzaron a adquirir un carácter doctrinario oficial a partir de la revolución mexicana y fueron defendidos por los gobiernos emanados de ésta, convirtiéndose en factores de legitimación del sistema político mexicano.11 Durante la segunda mitad del siglo XX, México impulsó una política exterior de Estado, claramente delineada desde la Cancillería, la cual contó con la participación de los diplomáticos que debieron aplicarla en varios países, ante distintos casos concretos y en los diversos foros multilaterales, con el fin de hacer oír la voz de México. Se reivindicaba una serie de principios del derecho internacional y se promovía el desarrollo de una política exterior activa que buscaba la independencia frente a Estados Unidos, la protección de los mexicanos en el exterior, el ejercicio del derecho de asilo, la construcción de un mundo sin armas, la promoción de la ayuda humanitaria, la condena a las invasiones militares, la pacificación de los conflictos y la defensa de la soberanía.

      Como signatario de las Convenciones Interamericanas de asilo, la de La Habana (1928), la de Montevideo (1933) y la de Caracas (1954), a lo largo del siglo XX el gobierno mexicano construyó una sólida tradición de dar protección a los perseguidos de los regímenes políticos autoritarios, por lo que México se convirtió en tierra de refugio para españoles, chilenos, argentinos, uruguayos, guatemaltecos, nicaragüenses y salvadoreños. La tesis mexicana que se aplicaba era en el sentido de que el asilo era una institución humanitaria y que cuando un embajador pedía instrucciones para dar o no asilo, la Cancillería debía preguntarle a ese mismo embajador si quien lo solicitaba lo merecía, porque el único que podía saberlo era él. El argumento fundamental era que si se daba respuesta a partir de la información, entonces la respuesta sería política y no humanitaria. Por ello, el embajador era quien debía asumir la responsabilidad de darlo o negarlo y la Cancillería lo iba a respaldar. Generalmente eran asuntos tratados con discreción, excepto cuando el personaje tenía una estatura tal que la discreción no fuera posible.

En palabras del embajador Gustavo Iruegas, que fungió como encargado de negocios de la embajada de México en Managua de septiembre de 1978 a mayo de 1979, el problema del asilo se resumía en una fórmula: en caso de duda, era mejor otorgarlo. A lo mejor se perdía un boleto de avión, o un poco de tiempo, o tal vez era una molestia, pero si no se otorgaba, se corría el peligro de perder una vida. Esa era la posición mexicana respecto del asilo. Durante los meses que estuvo en Nicaragua, Iruegas siguió la instrucción que para tal efecto les había dado don Alfonso de Rosenzweig, que era la de no llamar al asilo por su nombre, a menos que fuera absolutamente necesario. Era una vieja práctica de la diplomacia mexicana para evitar trámites administrativos y conflictos políticos, además de prevenir represalias en contra de las familias de los asilados.12

Una vez que se hizo cargo de la embajada de México en Nicaragua, en septiembre de 1978, el diplomático mexicano se encontró con que el número de asilados, dentro de la misma embajada, que huían de la represión del régimen somocista crecía día con día.13 Cuando llegó, había entre doce y quince asilados, pero la entrada diaria era de alrededor de una docena de personas, a las cuales había que entrevistar y resolver si se les otorgaba el asilo o no.14 En tiempos de Iruegas, la embajada mexicana en Managua llegó a albergar entre 750 y 800 asilados, siempre con el respaldo del gobierno de México. Sin embargo, en un momento dado, lo llamaron de la Cancillería para que explicara por qué había dado tantos asilos, pues algún funcionario pensaba que estaba vendiendo el asilo. Pero Iruegas respondió a esa acusación argumentando que gran parte de los asilados eran muy pobres, muchachos cuya edad fluctuaba entre los 18 y los 20 años, porque en ese momento la represión somocista era generalizada sobre los jóvenes, que eran los que habían salido a las calles, a las barricadas.15 No eran los combatientes quienes pedían la protección de la Embajada, era la población que se había incorporado a la insurrección.16

Además, argumentó que era imposible consultar a la Cancillería acerca de todos los casos, porque así era la práctica mexicana de asilo: el embajador decidía y cargaba con la responsabilidad de decidir si otorgaba o no el asilo.17 Después de escuchar sus razones, en la Cancillería le pidieron que fuera ver al entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, quien le dijo que no era necesario dar ninguna explicación y que continuara con su labor tal como la había venido realizando.18 Esto hizo que Iruegas regresara a Managua muy fortalecido, contando con el apoyo de ambas secretarías. Cada vez que Iruegas juntaba un cierto número de salvoconductos, llegaba un avión del Estado Mayor que les llevaba comida, sacos de frijol, latas de atún y sardinas, y todo lo que ellos tenían dispuesto para

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