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      INTRODUCCIÓN

       Ferran Archilés e Ismael Saz

      Desde la aprobación de la Constitución de 1978 nunca ha estado tan cuestionada la forma de articulación territorial (el llamado modelo de la España de las Autonomías), como lo ha sido en los años que van desde 2006 hasta el presente. Aunque los debates en torno al modelo, sus posibilidades y límites, se han sucedido desde 1978, así como ya sucediera durante la redacción de la propia Constitución, parece claro que el llamado proceso soberanista en Cataluña supone un cambio cualitativo respecto a un escenario, a pesar de todo, relativamente estable.

      En realidad el protagonismo de Cataluña, de los proyectos políticos surgidos del catalanismo (entendido en sentido estricto o en un sentido social más amplio), no es ninguna novedad de los últimos años. A pesar del impacto de las derivas amparadas en la lucha armada de ETA y las reacciones y distorsiones sin fin que ha provocado, no es desde el País Vasco desde donde se han planteado los desafíos más poderosos al modelo de Estado e, incluso, a la identidad nacional española. Desde finales del siglo XIX, el catalanismo ha impulsado unas demandas de reconocimiento cultural y de acción política que han transformado por completo el modelo de Estado-Nación consolidado desde la Restauración. La Mancomunitat, primero, y el Estatut d’Autonomía de 1932, después, supusieron los cambios más profundos, aunque ciertamente no duraderos, en la forma de articulación del estado-nación España.

      De nuevo bajo la dictadura franquista, cuyo componente nacionalista (español) parece ser relegado a un curioso olvido en no pocos discursos académicos y políticos, Cataluña y el catalanismo actuaron como faro. Nunca como desde los años sesenta se produjo una extensión de las demandas de cambio y de redefinición de las identidades colectivas de los diversos territorios españoles en el seno de un programa democrático antifranquista. Contradictorios y frecuentemente divergentes, estos movimientos en el País Valenciano, Andalucía, Aragón o Canarias, por citar solo algunos ejemplos, sentaron las bases para lo que debía ser una alternativa.

      La Constitución de 1978 fue y no fue esa alternativa. La izquierda y la derecha españolas, surgidas desde concepciones rivales de la identidad nacional española, se vieron obligadas con mayor o menor grado de aquiescencia a elaborar una propuesta de organización territorial que permitiera encajar las demandas de los territorios «periféricos». La España de las autonomías acabó siendo algo más (al menos para algunos territorios o nacionalidades) que un simple modelo descentralizado, aunque sin llegar a un reconocimiento consecuente de la plurinacionalidad española.

      En las dos décadas posteriores, las energías se dedicaron a construir el marco de las autonomías, con no escaso éxito social. Pero el modelo nunca fue definitivo, ni podía serlo. Durante unos años la imagen de los regates, acuerdos y «cesiones» fue entendida como una suerte de anomalía de la política española, como el resultado de coyunturas cortas, por no decir de la miopía. La llegada al gobierno de José María Aznar, primero, con su escasamente disimulado proyecto nacionalista español; el cambio, después, a partir de 2004, con un gobierno socialista aparentemente dispuesto a primar una vía federal, y, finalmente, la desastrosa gestión de la reforma del Estatuto de Cataluña figuran entre algunos de los elementos que han modificado de nuevo el escenario político español de la última década y que nos acercan al presente más estricto.

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