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Desde las primeras décadas del siglo pasado, los derechos sociales vienen siendo reconocidos al más alto nivel, tanto en las Constituciones de los Estados democráticos como en numerosos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Pese a los avances que se han producido en esta materia, tanto en el plano nacional como internacional, lograr su plena efectividad sigue siendo uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Como se verá, los derechos sociales se relacionan directamente con las condiciones de existencia de las personas, son cruciales para el respeto de su dignidad y contribuyen decididamente al fortalecimiento de la democracia. En esa dirección, este libro analiza cuatro de los derechos sociales que la Constitución Política del Perú garantiza: el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la pensión. En cada caso, se examinan los antecedentes del derecho, su concepto, contenido, límites, sujetos vinculados y mecanismos de tutela. Adicionalmente, se acompaña una selección de sentencias del Tribunal Constitucional, así como casos de aplicación y preguntas de autoevaluación que contribuirán a que las personas interesadas en el estudio de los derechos sociales cuenten con mayores herramientas para una mejor comprensión de sus características más importantes.
LILIANA SALOMÉ RESURRECCIÓN es abogada y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Diploma de Postítulo en Derechos Humanos y Mujeres por la Universidad de Chile. Es profesora de la facultad de Derecho y de la Escuela de Posgrado de la PUCP. Su experiencia profesional incluye haber sido Directora General de Igualdad de Género y no Discriminación en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ha sido consultora independiente para instituciones como la Defensoría del Pueblo, ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ. Asimismo, ha sido docente de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y la Academia de la Magistratura (AMAG). Es integrante del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de la PUCP y de la asociación civil «Constitucionalismo Crítico».

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