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Desde hace varias décadas, los actos de vandalismo ejecutados por estudiantes de las universidades públicas, como mecanismo de protesta contra el gobierno de turno, ha sido una práctica común, que se fortalece como consecuencia de los límites que enmarcan el ejercicio de fuerza por parte del Estado; cuando tiene ocurrencia la manifestación violenta, contraria a la protesta pacífica protegida constitucionalmente, acontecen daños tanto en bienes públicos como privados, dejando a ciudadanos ajenos a la protesta siendo víctimas de daños en su patrimonio, afectaciones que no tienen la obligación de soportar y que por ende, hace necesario el análisis del deber de reparación en sede de responsabilidad extracontractual del Estado, determinando el título de imputación que le sería aplicable y los elementos requeridos para llegar a su configuración.

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