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La prolongación de la vida activa de los trabajadores de edad avanzada constituye una de las políticas comunitarias que han marcado la acción política de la Unión Europea en los últimos veinte años en el ámbito social. Sin embargo, desde el principio la misma ha registrado las lógicas tensiones de los intereses encontrados que se producen en esta materia, entre la pretensión de los Estados de prolongar la vida activa de los trabajadores como reacción a los problemas que los sistemas públicos de pensiones arrastran ante el alargamiento de la esperanza de vida, y la aspiración de los trabajadores a que la jubilación sea un derecho ejercitable en un tiempo razonable, y con una significativa expectativa de vida por delante. En este sentido, la presente monografía – de carácter multidisciplinar – contiene un conjunto de estudios, realizados por profesores de las Universidades Pablo de Olavide (España), Roma Tre (Italia), Lyon-2 (Francia) y Coimbra (Portugal), en los que se reflexiona sobre este complejo asunto a partir de la experiencia propia que tiene su origen en la realidad jurídica y social de cada uno de los países de origen.

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La democracia como forma de gobierno se enfrenta, con los años, a importantes retos políticos, económicos, sociales, culturales y jurídicos. La tecnología como conjunto de herramientas de ingente potencial y que entraña serios riesgos, ha ido acompañando aquel proceso de evolución y cambio democrático. La crisis sanitaria y la emergencia que el Estado de Alarma ha provocado, han puesto de relieve nuevos usos, nuevos efectos e interrogantes del binomio democracia/tecnología. Este libro pretende reflexionar sobre tales asuntos en tres grandes ámbitos de participación: a) la participación ciudadana, la comunicación, los partidos políticos, las plataformas y redes sociales. b) en el ámbito interno de los Parlamentos y en la actividad que dentro de ellos se desarrolla y, c) en los procesos electorales que aplican tecnologías en su desarrollo.

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Esta obra ofrece una visión completa y práctica sobre las Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas (DM 947) y la Decisión Marco 2009/829/JAI, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea (UE), del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional (DM 829). Habiendo sido incorporadas progresivamente a los distintos ordenamientos jurídicos de los países de la UE, las conocidas respectivamente como Orden Europea de Probation (EPO) y Orden Europea de Supervisión (ESO) son aún hoy día muy infrautilizadas. La promoción del uso de estos instrumentos jurídicos se presenta por tanto como urgente y necesaria, en aras de asegurar la reinserción social de los usuarios de los sistemas de justicia penal que hoy, sin fronteras entre los estados de la UE, conforman un espacio único de seguridad y justicia. Así, este manual incluye en primer lugar un análisis de la situación actual y del contenido de las DM 829 y 947. Se realiza a continuación una análisis tanto de las medidas alternativas a la prisión provisional como de las penas y medidas comunitarias alternativas a la pena de prisión vigentes en los países implicados en la realización de este manual: España, Rumanía, Alemania y Latvia. Se detallan todos los obstáculos que tras dos años de investigación cuantitativa y cualitativa se han detectado en la implementación de las precitadas Decisiones Marco y se proyectan soluciones prácticas, así como recursos existentes, que permitirán solventar dichos obstáculos, promoviendo así la utilización de ambos instrumentos jurídicos por parte de abogados, jueces, fiscales, funcionarios relacionados con la administración de justicia, así como por los propios usuarios del sistema de justicia penal. L

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La pandemia del COVID-19 ha restringido la libertad de circulación imponiendo presencias forzadas o, al menos, no deseadas. Estas presencias pueden desembocar en consecuencias tributarias imprevistas sobre todo en relación con la fiscalidad internacional. Este trabajo identifica y analiza críticamente los problemas actuales que la referida situación está planteando y seguirá planteando en el futuro. En particular, se estudian los problemas relativos a la delimitación de la residencia fiscal de personas físicas y jurídicas, abordando el criterio mantenido por la DGT a este respecto, el posible surgimiento de Establecimientos Permanentes, el régimen fiscal de los trabajadores en movilidad internacional, así como la incidencia de la pandemia en la aplicación del régimen de precios de transferencia. Por último, la irrupción de la pandemia y su incidencia transversal ha forzado la revisión repentina e integral de la política de precios de transferencia en grupos empresariales en aspectos tales como el perfil funcional de las entidades del grupo, los contratos suscritos, la asignación de pérdidas o los esquemas de financiación intragrupo, en un escenario de ausencia de información comparable que refleje los efectos del COVID-19 en el mercado. En este trabajo se abordan dichas cuestiones y se plantean soluciones concretas para mitigar la incertidumbre resultante.

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La cronificación de la conflictividad tributaria tiene efectos muy perjudiciales para la Hacienda Pública y para los obligados tributarios. Revertir esta situación es imprescindible y, para ello, es necesario avanzar hacia un nuevo modelo de cumplimiento de las obligaciones tributarias presidido por la confianza mutua, la buena fe, la transparencia y la seguridad jurídica, proceso que exige un cambio de cultura y la asunción de buenas prácticas por todas las partes de la relación jurídico-tributaria. En la obra que el lector tiene en sus manos se analizan las principales razones de esta conflictividad y formulan propuestas para avanzar hacia una relación jurídico-tributaria más cooperativa que redunde en la prevención y minimización del conflicto.

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En un contexto postcrisis, y ya marcado por las consecuencias de la pandemia, esta obra procede a realizar, desde una perspectiva global e integradora, un análisis de la eficacia de las medidas jurídico-privadas de control del mercado financiero y protección del consumidor que se han venido aplicando en nuestro sistema desde la debacle financiera de 2008, inspirado en la idea de que la formulación de un nivel de protección del consumidor ha de ser compatible con la sostenibilidad del mercado financiero -reflejada asimismo en la Nueva Agenda del Consumidor de la UE para el período 2020-2025. En la presente obra el lector encontrará respuesta a los principales problemas y retos que en este momento definen la protección del consumidor de productos y servicios financieros; los mecanismos jurídico-privados que se han venido diseñando para sortearlos, y la respuesta a si dichos mecanismos han resultado o están resultando eficaces. Todo ello analizado por auténticos expertos en Derecho de consumo, conocedores de los tópicos que marcan la actualidad de una materia en constante revisión. Desde el Derecho español se examinan los siguientes temas: «La vulnerabilidad del consumidor de productos financieros» -más de actualidad dada la incorporación al art. 3 del TRLGDCU del concepto legal de «consumidor vulnerable»-; «Novedades en materia de publicidad crediticia»; «La evolución de la jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas de intereses en la etapa postcrisis»; «Los controles de transparencia y abusividad de las cláusulas relativas a índices de referencia y sus efectos»; «Cuestiones pendientes en relación con la cláusula de gastos de los préstamos Hipotecarios»; «Nuevos tiempos para los créditos revolving»; «El impacto de la introducción de la obligación de evaluar la solvencia del consumidor en los procesos de gestión del riesgo de crédito»; y "Las competencias del notario y del registrador de la propiedad en el control de transparencia del préstamo hipotecario

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La responsabilidad extracontractual dimanante del incumplimiento del derecho comunitario por los Estados miembros será definitivamente entronizada por el Tribunal de Justicia hace 30 años en la celebérrima sentencia de 19 de noviembre de 1991 del Tribunal de Justicia, Francovich, Asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90. El tañido estentóreo que supondrá este pronunciamiento después de más de medio siglo de atronador silencio en torno a este instituto jurídico servirá de catalizador para iniciar todo un cambio de paradigma en la conceptualización de dicha responsabilidad e incidirá indefectiblemente en nuestro propio ordenamiento jurídico. Desde entonces, aparecerá en nuestro Derecho otro título de responsabilidad patrimonial, que con sus avatares, cristalizará en las leyes 39 y 40/2015. La vigente regulación ha sido criticada por la doctrina e incluso ha motivado la interposición de un recurso por incumplimiento por parte de la Comisión. Esta obra abunda en el recurso, sus causas y trata de analizar con rigor si nuestra legislación es conforme a los cánones iuscomunitarios.

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Una mejor Ordenación del Territorio se apoya en el cambio cultural e institucional. Los aspectos políticos tienen gran repercusión en la configuración de las políticas, porque deciden su inclusión en la agenda, marcan el ritmo de los procedimientos e influyen en su implementación y gestión. Pero la voluntad política por sí sola es insuficiente. Se necesitan mecanismos de cooperación bien establecidos entre los niveles de la administración, departamentos consolidados y con equipos suficientes, y las distintas partes implicadas, a través de una participación que sea realmente eficaz. La deferencia entre administraciones y el respeto entre todos los actores concernidos facilita el empoderamiento y un sentido de pertenencia compartido. Los grandes principios y las buenas intenciones de la política, la normativa y los planes, sin embargo, no bastan, tienen que concretarse en acciones específicas en la práctica. Ello comporta un proceso de aprendizaje que con frecuencia requiere definir nuevos valores, nuevos esquemas de interpretación y de nuevas prácticas y rutinas; entre ellas las capacidades técnicas, la participación y la evaluación. A lo largo de las páginas de este libro se presenta el marco general y las narrativas predominantes (contextualización teórica y resultados de la investigación llevada a cabo) que explican la forma en que se desarrollan los procesos de Ordenación del Territorio en España, y las posibilidades de avance y conexión con otras políticas como la económica, turística y medioambiental.

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La presente obra tiene como objeto realizar un análisis exhaustivo de la figura de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social con la finalidad de alcanzar tres objetivos principales. El primero es conocer en profundidad la historia centenaria de las mutuas: cómo surgieron, con qué objetivo, las diferentes normativas que les han ido afectando y el proceso de maduración histórica que han experimentado hasta la época actual. El segundo, clarificar y sistematizar el régimen jurídico vigente, analizando la normativa aplicable y referenciando las posibles modificaciones que pueden acontecer a corto plazo por la posible aprobación del Proyecto del Reglamento de Mutuas. Y, en tercer lugar, examinar el régimen legal de las prestaciones sanitarias y económicas a las que tienen derecho los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo o enfermedad profesional en Italia a través del INAIL para así ofrecer una visión comparativa entre las regulaciones italiana y española. Alcanzados dichos objetivos principales, se pretende lograr un objetivo final: concluir sobre las principales vicisitudes que presenta la regulación actual de las mutuas y la forma de solucionarlas. Podrían formar parte de esta solución la elaboración de un nuevo Reglamento de Mutuas que simplifique y esclarezca la regulación actual, la instauración de un organismo único estatal especializado que gestione todas las prestaciones sanitarias y económicas derivadas de contingencias profesionales, como existe en Italia, así como la creación de órganos judiciales especializados en prestaciones de la Seguridad Social. En defecto de una normativa uniforme y actualizada, el panorama de incertidumbre es evidente, sobre todo tras la entrada en vigor de la Ley 35/2014 y sus numerosas remisiones a un Reglamento inexistente. De esta manera, se hace necesario acudir a regulaciones desfasadas mientras el venidero Reglamento de Mutuas no vea la luz. Así, es innegable que las mutuas se encuentran en una situación de

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El objetivo de este trabajo es conocer el alcance real y efectivo del principio de desarrollo urbano sostenible en España, y si el mismo se ha convertido en un urbanismo para una nueva ciudad. Un modelo urbano distinto y mejor que los anteriores, interiorizado por la práctica profesional, los agentes sociales, las administraciones, y la jurisprudencia.
La irrupción de la sostenibilidad como nuevo principio central de nuestro urbanismo, viene a sustituir ese modelo expansivo caracterizado por las bajas densidades, la movilidad motorizada individual, la zonificación, o el mito de la liberalización del suelo, por la idea de la ciudad compacta, mixta, diversa, respetuosa con el medio ambiente, y más humana.
Estamos ante un nuevo paradigma del urbanismo español para el siglo XXI, sustentado en el bloque ambiental de la Constitución Española de 1978, que supera el concepto de la producción de la ciudad como un factor de desarrollo económico para ser sustituido por un urbanismo sostenible preocupado por dar cumplimento a distintos derechos sociales de los ciudadanos
El trabajo se interesa no solo por los aspectos legales de los instrumentos para lograr un desarrollo urbano sostenible, sino también los aspectos sociales, ambientales, económicos y arquitectónicos del modelo. El urbanismo y la ciudad siempre han sido una realidad compleja. Por ello, reflexiona, y se hacen propuestas, sobre algunos de los nuevos retos que debe afrontar el urbanismo. La Agenda Urbana y la ciudad post-COVID19; la gentrificación y turistificación de los centros urbanos y barrios más atractivos; la movilidad como factor determinante de la salud; las nuevas formas de dar cumplimiento al derecho constitucional de acceso a la vivienda, la cohesión e integración social; o la necesidad de evaluar la sostenibilidad de los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial mediante un test de sostenibilidad.

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