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de carencias de personal y de materiales, y el sistema escolar público es una absoluta catástrofe.

Con seguridad, Venezuela es el país que más ha invertido en programas sociales. Redujo considerablemente tanto la pobreza como la mortalidad infantil, y amplió el acceso a la educación; por ejemplo, prácticamente triplicó el número de estudiantes universitarios. Pero cuando murió Chávez y bajó el precio del petróleo, al gobierno sucesor en Venezuela —sometido a las condiciones de una economía orientada totalmente a los ingresos generados por la venta de petróleo en los mercados mundiales— le faltó el manejo para hacerle frente a la crisis gradual general de abastecimiento. Una vez más se hizo sentir en Venezuela la venganza por no haber utilizado el dinero en tiempos de bonanza para consolidar estructuras de producción autosuficientes. Sin ánimo de hacer una evaluación de las reformas sociales del chavismo: las debilidades estructurales, la inflación y una crisis de abastecimiento que ha provocado verdaderas catástrofes hicieron fracasar los éxitos en la política educativa y de salud para los menos privilegiados en Venezuela, quizá incluso en mayor medida que lo que jamás hubiera podido hacer un gobierno conservador de oposición en un tiempo tan breve. Ya en 2014 el sociólogo venezolano Edgardo Lander habló de la “crisis final del modelo de un Estado rentista en el que la materia prima petróleo no sólo conformó la economía, sino también la cultura política”.[13] La tasa de pobreza en el país en 2012 era de 21.2%; sólo dos años después aumentaría a 32.6%. La criminalidad es alarmantemente alta.

      Estos gobiernos se quedaron atorados en el camino cuando trataron de cumplir con su ambición explícita de resolver la cuestión social en sus respectivos países. Pero su legitimidad está inextricablemente ligada a esas expectativas. Echó por los suelos lo que les quedaba de legitimidad el hecho de que algunos fracasaron en su intento por reformar sus sistemas políticos, tanto estructural como moralmente, y que, por el contrario, se entregaran al mecanismo clientelar de otorgarse ventajas mutuas. Éste fue el caso sobre todo del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, y seguramente también el de Venezuela; y las acusaciones de corrupción no se detienen ni siquiera ante personalidades como las expresidentas Michelle Bachelet en Chile o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, quienes al igual que Rousseff fueron sucedidas por un presidente conservador. En muchas ocasiones fueron los propios gobiernos de izquierda los que contribuyeron, en última instancia, a que los partidos de derecha y que practican el liberalismo económico recuperaran el poder.

      Para analizar detalladamente la actuación de los gobiernos de centroizquierda se requeriría una publicación extra. Pero sí tengo que hacer aún referencia a una pequeña revolución, porque tiene que ver directamente con el tema del trato con la naturaleza.

      Los indígenas en el gobierno: la revolución tardía. Y sin embargo…

      El 22 de enero de 2015 Juan Evo Morales Ayma dio inicio a su tercer mandato presidencial. Un día antes de la investidura oficial, el primer presidente indígena de Bolivia se hizo bendecir durante dos horas en las ruinas sagradas de Tlahuanaco. No vestía, como suele gustarle hacer incluso en recepciones de Estado, chompa y chamarra, un pulóver tejido con gruesa lana de colores y una chamarra de cuero tradicional de los aymaras. En su lugar lucía resplandeciente con un exquisito ropaje de la más fina lana de vicuña entretejida con hilos de oro.

Este hombre de tez oscura y relucientes cabellos lacios y negros encarna lo que hasta hace poco hubiera sido llanamente inconcebible aun en Bolivia, un Estado con una población indígena que va de 60 a 80%, dependiendo del cómputo. Desciende del pueblo de los aymara, en el Altiplano boliviano. Nació en una familia campesina muy pobre, tuvo cuatro hermanos que murieron en la infancia, no terminó la enseñanza básica, se convirtió en líder del sindicato cocalero y del partido Movimiento al Socialismo (MAS). Por último, en 2005, a los 46 años, fue electo presidente de Bolivia. El 22 de enero de 2015 asistieron a la ceremonia oficial de la tercera investidura de Morales 13 presidentes de Estado y 14 vicepresidentes. En la foto oficial de grupo, Morales, su vicepresidente, y los presidentes de Venezuela, Ecuador y Brasil, Nicolás Maduro, Rafael Correa y Dilma Rousseff, respectivamente, levantaron el puño izquierdo en un saludo antiimperialista. Evidentemente sorprendidos, los demás invitados de alto rango agitaban con vacilación las manos abiertas: para la investidura de un presidente, seguramente una imagen extraña. En su discurso, Morales fustigó al capitalismo y al imperialismo, y contrapuso su filosofía de la muerte a la del Buen Vivir (véase Capítulo IV). Durante la celebración del 190 aniversario de la Declaración de Independencia del 6 de agosto de 1825, en la ciudad capital de Sucre, Morales se regodeaba en sus exitosas cifras: el Producto Social Bruto (PSB) creció en un 3.2% anual entre 1997 y 2005, y después alcanzaría incluso el 5%. De 2007 a 2016 se triplicó el ingreso per cápita y las inversiones estatales se multiplicaron por diez. Los bolivianos hoy perciben un salario mínimo real cuatro veces más alto que en 2005. 42% de la población obtiene apoyos por parte del Estado a través de diferentes programas de ayuda social. El Ministerio de Comunicación llamó a su jefe supremo el “presidente más popular, con el apoyo más grande en América Latina y el mundo”.[14]

      En el plano de la política simbólica, es casi imposible sobrestimar la presidencia del indio Juan Evo Morales Ayma. Los indígenas han constituido por mucho tiempo la mayoría en muchos países de América Latina, y en algunos países andinos esto sigue siendo así. Pero durante siglos, tanto en tiempos de la Colonia como de los Estados nacionales, los gobiernos y las sociedades los han integrado cuando mucho de manera simbólica. Jurídicamente se les discriminó muchas veces hasta fines del siglo XX, y hasta el día de hoy reciben con frecuencia un trato diferente. Durante siglos enteros no existieron ni social ni políticamente: invisibilizados en una pobreza rural y remota bajo el discurso de Estados mestizos y el dominio de facto de una clase alta que le concede un gran valor al ser “blanco”. Cuando las élites postcoloniales se han remitido a las culturas prehispánicas en la búsqueda de una identidad nacional, ha sido sólo un coqueteo con el mito y el romanticismo. La situación social y jurídica de los indios realmente existentes interesaba mucho menos y, por tanto, hubo pocos cambios.

      Hasta bien entrada la década de 1970 los indígenas en América Latina fueron relegados por completo de sus sociedades a nivel cultural, político, social y económico. Los indígenas en Bolivia no obtuvieron derechos plenos como ciudadanos, entre ellos el derecho al voto, sino con la revolución de 1952. En Perú y Ecuador esto no se logró sino hasta 1979. Antes de ese año, los y las analfabetas no podían votar ni ser votados. Y entre los indígenas la tasa de analfabetismo siempre fue varias veces más alto que en el resto de la población: una exclusión de facto del derecho al voto.

En los años de 1980 los indígenas empezaron a agruparse de manera más efectiva y a expresarse de manera más audible. En parte se descubrieron por primera vez como comunidades indígenas con tradiciones y particularidades culturales. La re-etnización y el establecimiento de comunidades propias fueron de la mano. Por ejemplo en Ecuador, un país con mayoría indígena, se formó uno de los movimientos más sólidos del continente, que sacó de la invisibilidad a los indígenas y sus intereses para ponerlos en primer plano de los medios y la política. La Constitución de 1998 afianzó los derechos colectivos, una vieja deuda. Hoy en día los indígenas en toda América Latina están cada vez mejor organizados y son capaces de expresar sus intereses. Pero después de la normalización jurídica aún falta luchar por la normalización social: todavía la mayoría de los indígenas vive en la pobreza o en la pobreza extrema, tienen poco acceso a la escolaridad y la formación profesional, y la mortandad infantil es mucho más alta que el promedio nacional, y esto incluso en los países en los que los indígenas lograron imponer sus derechos y fortalecieron sus estructuras autogestivas.[15] También se aplican mecanismos de exclusión más sutiles: los candidatos independientes requerían más de 860 mil firmas certificadas para poder participar en las elecciones presidenciales de México. Pero si esta certificación sólo era posible a través de los dispositivos electrónicos o de telefonía celular capaces de ofrecer este servicio, una candidata independiente indígena como María de Jesús Patricio Martínez forzosamente habría de tener

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