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esta idea tuvo gran arraigo, sobre todo en la segunda mitad de los años sesenta cuando se creó un estado de opinión favorable a las tesis unitarias del PSUC y que fueron aceptadas por el MSC en el que Joan Reventós tenía especial protagonismo.

      179. MHC, ASSEMBLEA, «Presentación».

      180. BERNAD, Robert, op. cit., p. 80.

      181. ANC, «Congrés», p. 12, 1965. Proyecto de resolución política del (II Congreso del PSUC), p.11, punto 10, 1965 Fondo PSUC, n.º 230, 02.01.01.

      182. DALMAU, Josep, Catalunya Segrestada, Portic, Barcelona, 1993. p. 17.

      183. Antoni Gutiérrez Díaz (1929-2007, Premià de Mar), miembro del PSUC desde 1959, dirigente activista detenido en 1953 y por segunda vez en 1962 y sometido a un consejo de guerra con ocho años de condena. Uno de los principales impulsores de la Assemblea de Catalunya y escogido secretario general del PSUC en 1977. Conseller de la Generalitat en el gobierno Tarradellas, diputado en el Congreso y euro parlamentario entre otros cargos, en ARROYO, Francesc, «Antoni Gutiérrez Díaz: L’Assemblea en el record», L’Avenç, n.º 208, 1996, p. 7. Entrevista a Francisco Parras sobre la Federación Socialista Catalana del PSOE y UGT en la A.C., 2005. «La militancia del PSUC encabezada por Solé Barberà, Gregorio López Raimundo, Antonio Gutiérrez Díaz (motor y fundador de la Asamblea y quien le puso nombre); con Joan Reventós (MSC); Andreu Abelló (ERC); y otros más (...) entre los que se encontraba la FCS-PSOE y la UGT catalana actuaron como cofundadores», en PARRAS, entrevista.

      184. ARROYO, Francesc, «Antoni Gutiérrez Díaz: L’Assemblea en el record», L’Avenç, n.º 208, 1996, p. 8

      La Comisión Preparatoria de la Asamblea de Cataluña

      Fruto de las intensas reuniones efectuadas por los miembros presentes en la Comisión Preparatoria, se acordó que la futura Asamblea tendría que ser una reunión de representantes de partidos catalanes, de grupos, de organizaciones legales e ilegales, y de otras organizaciones y personalidades que en Cataluña mantuvieran una actividad antifranquista o pudieran eventualmente desarrollarla, y reconocieran además la opresión a que estaba sometida la personalidad nacional de Cataluña, sin otra exigencia para participar que una actitud dialogante.

      Así pues, con estos principios básicos de relación entre diversas organizaciones de diferente índole, la Comisión Preparatoria de la Asamblea de Cataluña se constituyó con representantes de las siguientes organizaciones: CCFPC, Taula Rodona Democrática, CC.OO., Grupos Cristianos en Defensa de los Derechos Humanos, Asamblea Permanente de Montserrat y Comunidades Cristianas de Base.

      Desde el principio se acordó entre todos los miembros el crear los medios materiales y políticos para el comienzo de ese diálogo basado en la convergencia, y no sobre la confrontación de ideas y fines políticos, con el objetivo de asumir bajo una acción unitaria la posibilidad de poder articular la oposición contra el régimen, llegando a la conclusión de convocar una asamblea representativa de toda entidad que se moviera en Cataluña con un sentido democrático y antifascista. Algunas de esas organizaciones que finalmente formaron parte de la Asamblea de Cataluña fueron la Federación Socialista de Cataluña (FSC-PSOE) y el sindicato de la Unión General de Trabajadores (UGT). Francisco Parras, dirigente socialista que formó parte de la integración, explica su visión sobre aquellos momentos:

      Sin duda se era consciente de que ante estas propuestas estaba el obstáculo de la falta de experiencia de libertad democrática después de más de 32 años de represión y confrontación y que se crearían serias dificultades para solucionar los problemas reales del país, haciendo partícipe en lo posible a todo el pueblo de Cataluña, al menos en la teoría; no obstante, este era el camino que había que recorrer, aunque fuera impensable que a comienzos de los años setenta cualquier evolución hacia la libertad democrática fuese factible. Por eso, en plena clandestinidad, las actuaciones políticas se dirigieron no solo a través de los partidos sino también mediante organizaciones sociales, algunas de carácter legal, como colegios profesionales, asociaciones culturales o confesionales que reclamaban la defensa de los derechos humanos y las libertades sociales y políticas.

      El primer trabajo de la Comisión Preparatoria consistió en encontrar puntos de convergencia entre las diversas organizaciones en los que se obviaran los intereses partidistas buscándose un objetivo global de carácter unitario que impulsara la lucha democrática lo más rápido posible y con la máxima participación y consenso, pues el tiempo era esencial.

      Al comienzo de la década de los setenta, la situación política en España era anacrónica y, como poco después se vería, entraba en su fase terminal después de tres décadas bajo un régimen dictatorial. La Iglesia cada vez se iba distanciando más del régimen, como lo demuestran las declaraciones del cardenal Tarancón el 2 de abril de 1969, cuando afirmaba que la única postura inaceptable en aquellos días era el inmovilismo.

      Sin duda había que tener en cuenta que durante mucho tiempo el Movimiento Católico y la Acción Católica habían sido términos equivalentes fundados por los católicos y dirigidos desde la Iglesia para la defensa de sus posiciones en un contexto de Estado secular y liberal alentado desde León XIII y sus sucesores. La base de este movimiento católico seguía bajo la directriz jerárquica que se hizo más insostenible cuando emergieron los regímenes fascistas que impedían la existencia de organizaciones profesionales y políticas rivales.

      Así pues, aunque en la primera época del franquismo la Iglesia tuvo una intensa colaboración con el régimen, sobre todo con el nombramiento de Alberto Martín Artajo, afín al movimiento católico, en la cartera de Exteriores (1945-57); con posterioridad, el impacto del Concilio Vaticano II, el taranconismo y la Asamblea Conjunta, cambiaron la dirección de estas organizaciones católicas, realizándose entre septiembre de 1966 y octubre de 1968 diversas dimisiones, relevos de dirigentes y consiliarios de los movimientos que generaron una crisis en la Acción Católica Española (ACE) que derivó en un conflicto político por el reconocimiento jurídico de los Movimientos Especializados en el marco del Concordato

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