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sobre los acontecimientos.

      En Euzkadi, la indignación contra el gobierno se generalizó desde distintos frentes, tomando la iniciativa los trabajadores, los estudiantes universitarios y la Iglesia católica, esta última a través del obispo de San Sebastián, Jacinto Argaya, que, junto al administrador apostólico de Bilbao, solicitaron el 21 de noviembre a Franco y su gobierno el cambio a los tribunales ordinarios de los consejos de guerra sumarísimos. Mientras tanto, las huelgas en todo el país se habían generalizado, hablándose de treinta mil manifestantes a principios de diciembre. También en Cataluña se registraron manifestaciones los días, 30 de noviembre y 3, 10 y 17 de diciembre. Esto obligó al gobierno a decretar el estado de excepción en Guipúzcoa, extendiéndose la misma situación diez días después a todo el territorio nacional.

Como era de esperar, esta situación tan propicia fue aprovechada por la Comisión Coordinadora, que ya desde el día 26 de noviembre había convocado una concentración en la plaza de Cataluña de Barcelona para el día 30, a las ocho de la tarde, en defensa de la vida de los detenidos de ETA. En dicha concentración se repartieron octavillas donde se repetían frases como: «¡Contra el franquismo-Opus Deísmo!», «¡Acabemos con la violencia de los tribunales especiales!», «¡Amnistía… Por las libertades democráticas, por los derechos nacionales de Euzkadi, Galicia y Cataluña!»164.

      Las sesiones del juicio que se desarrollaba en Burgos comenzaron bajo una fuerte presión mediática tanto desde el exterior como del interior del país, incluyendo acciones terroristas provocadas por la propia ETA-V Asamblea. Véase como ejemplo el secuestro perpetrado por ETA sobre el cónsul de la República Federal Alemana en el País Vasco, Eugen Behil, y que acabó con su liberación el día de Navidad tras un fuerte rechazo de la opinión pública en general y de algunos militantes de ETA-VI Asamblea que consideraron el acto terrorista como un error.

      El juicio sumarísimo finalizó el 9 de diciembre de 1970 y la sentencia se hizo pública el 27 del mismo mes destacando las seis penas de muerte contra: Francisco Xavier Izco de la Iglesia, Francisco Xavier Larena Martínez, Mario Onaindia Natxiondo, Ioseba Dorronsoro Ceberio, Eduardo Uriarte Romero y Iokin Gorostidi Artola. Tres días después, la agencia de noticias Efe puso fin a la incertidumbre sobre el cumplimiento de las sentencias emitiendo el siguiente comunicado:

«Su Excelencia, El jefe del Estado, de acuerdo con el Consejo de Ministros y el Consejo del Reino, ha tenido a bien hacer uso de las prerrogativas que le concede la Ley Orgánica del Estado y conmutar las penas de muerte impuestas por el Consejo de Guerra celebrado últimamente en Burgos, por las inmediatamente inferiores en grado. S. E. El jefe del Estado se dirigirá a los españoles a las diez de la noche por Televisión Española.»165

Sin duda alguna, la respuesta de toda la oposición fue clara y contundente destacando en Cataluña la presentada por el PSUC que calificó el consejo de guerra de Burgos como un montaje hecho para matar, concibiendo el proceso como el paso necesario para conseguir el régimen tres objetivos principales: primero para realizar una venganza ejemplar contra ETA; seguidamente, para cortar, mediante el temor que producirían los fusilamientos, la actividad de oposición antifranquista, el ascenso de la lucha y el movimiento de masas; y, finalmente, obligar a replegarse a los elementos evolucionistas dentro del régimen para imponer desde el gobierno una política similar a los años cuarenta o cincuenta166. Lo sorprendente del caso fue que la indignación llegó a tal nivel que incluso los jefes de las organizaciones carlistas enviaron un telegrama al jefe del Estado a favor del indulto, la amnistía y la libertad política167.

      Parecía que, por esta vez, pues no sería la última, el Caudillo tenía pocas alternativas favorables a sus pretensiones iniciales de consumar las ejecuciones, optando por la magnanimidad del dictador suspendiendo los fusilamientos.

En Barcelona, la iniciativa de la llamada «tancada» de Montserrat en repuesta al órdago enviado desde el régimen contra la oposición antifranquista surgió de algunos militantes y simpatizantes del PSUC: Octavi Pellissa, Xavier Folch, Oriol Bohigas y Eugeni Trías, participando por la Taula Rodona, Felip Solé Sabarís168. Las adhesiones fueron aumentando desde todos los ámbitos artísticos, siendo una de las más señaladas la del cantante Joan Manuel Serrat, captado a través de su amiga Guillermina Motta, que asistió a alguna de aquellas reuniones secretas y multitudinarias en casa de Oriol Bohigas, llegando a reunirse de cuarenta a cincuenta personas, entre ellas Josep María Castellet y Mario Vargas Llosa.

La primera convocatoria general tuvo lugar en el Colegio de Doctores y Licenciados donde se reunieron más de cien personas. En la reunión tomaron la palabra Josep Solé Barberà, abogado defensor del Proceso de Burgos; Pere Portabella como observador de organizaciones clandestinas y Jordi Carbonell. Finalmente, después de posteriores reuniones en Can Bohigas y en el despacho de Pere Fages, donde asistió el arquitecto Ricardo Bofill, se preparó un documento sobre la denominación de la Assemblea Permanent d’Intel-lectuals169 y se decidió con mucha cautela realizar la «tancada» en el monasterio de Montserrat el 12 de diciembre de 1970, día de Santa Lucía.

      Aquel día, la gente iba entrando en el monasterio con orden y tranquilidad, apuntándose el nombre y la profesión de los allí presentes, que sumaron en total 287 personas. Después de dos días de presiones ejercidas por el gobernador civil, Tomás Pelayo Ros, sobre el abad del monasterio, Cassià Mª Just, se procedió al desalojo de los concentrados, no sin antes registrar 223 carnés de identidad y diversas matrículas de coches por parte de la policía; algunos de ellos fueron agraciados con diversas multas. Los participantes en el encierro de Montserrat fichados por la BIS el 15 de diciembre de 1970 fueron los siguientes:

      Con antecedentes comunistas (PC/PSUC)

Javier Folch	José Emilio Donato
Albert Puigdoménech	Miquel Sarries
Julián Manuel Alonso	Mª Dolores Plans
Ángel Carmona	Armanda Rodríguez Lázaro
Ramón Capella	Octavio Pellissa
María Alós-Moner	Manuel Sacristán
Francisco Vallverdú

      Separatistas catalanes

Josep Benet Morell	Ramón Pelejero Sanchís (Raimon)
Josep Oriol Bohigas	Carlos Jorge Guardiola
Joan Manuel Serrat	Alfonso García Seguí
Mª del Carmen Serrallonga	Albert Rafols Casamada
Alexandre Cirici Pellicer	Joan Brossa Cuervo
Josep Mª Tubau	Francesc Pi de la Serra Valero
Romá Gubern

      Activistas catalanes

Joaquín Pujol Simón	Josep Mª Muñoz Pujol
Jordi Carbonell	Josep Mª Ollé
Santiago Loperena	Josep Elías
Jacinto Ros Hombravella	Josep Oriol Martorell
Miquel Porter	Antonio Matabosch
Jaime Santamaría	Enrique Lahosa
José Corredor Mateos	Josep Mª Fargas
Lluís de Carreras Serra	Guillermina Motta
Francesc Serrahima	Josep Guinovart
Francesc de Carreras Serra	Montserrat Roig Fransitorra
Josep Mª Martorell	María Dolores Rivera
Pere Portabella Rafols	Eugeni Trías
Felipe Formosa	Manuel Valls Gorina
Nuria Boaza	Enrique Barbat
Rafael Cáceres

      Catalanistas de matiz socialista

Carlota Soldevila	Ana María Matute
Esther Boix	Josep Mª Castellet
Jaume Ciurana	Pedro Planella
Gabriel Moll	Ana Mª Bofill
Carmen Hernández Cros	Lluís Doménech
Francesc Rius	Juan Cortasa
Dolores Abellán	Jaume Figueras
Josep Mª Riera	Antonio Ribas
Josep Mª Benet Jornet	Joan Gomis Sanahuja
Eduardo Guardino	Antonio Sales
Jordi Novell	Joan Mª Pons
Marta Carreras	Enrique Irazoqui

El resto de los encausados carecía de antecedentes desfavorables, estando entre ellos Pau Bordonaba, Marina Bru, Josep Mª Forn, Fabián Puigserver, Xavier Romeu y Eva Serra.

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