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de las distintas nacionalidades y regiones de España, hizo pasar a segundo plano lo anterior.

Algunos partidos que no formaban parte de CD, como el PSOEh, criticaban a la Platajunta de forma burlona con el argumento de que esa unión no tenía sentido, ya que, el hecho de que en ella figurasen carlistas y comunistas era como tratar de mezclar el agua y el aceite, al menos así lo contaba Miguel Paidró, miembro del comité ejecutivo del PSOEh.120

      Mientras tanto, por aquellas fechas otro organismo unitario se presentó oficialmente en Madrid; era la Federación de Partidos Socialistas que agrupaba bajo su denominación a: CSC, representada por Joan Reventós y Narcís Serra; Convergencia Socialista del País Valencià (CSPV); el Partit Socialista de les Illes, Partit Socialista de Menorca, Coordinadora Socialista dels Països Catalans, Partido Socialita Galego, Eusko Sozialistak, Partido Socialista de Andalucía, Partido Autonomista Socialista de Canarias, Partido Socialista de Aragón y Convergencia Socialista de Madrid.

      En Cataluña, el CFPC, constituido por un limitado club de partidos catalanistas que se autodenominaban como representantes políticos del pueblo catalán, iba acaparando más protagonismo en detrimento de la Asamblea que, a pesar de seguir aumentando el número de entidades asociadas, ya estaba en plena decadencia y cada vez más alejada de los órganos de decisión de la oposición. Sin embargo, lo paradógico de la situación era que, llegado el momento, eran los mismos representantes del Consell los que ostentaban el mismo cargo en la Asamblea y éstos, a su vez, negociaban a dos bandas con otras plataformas unitarias, algunas de carácter nacional. Por otra parte, estas plataformas, CD y las de carácter regional, negociaban entre si en el marco estatal y a su vez, con los diferentes partidos y asociaciones que estaban fuera de las coaliciones, intentando que estas participaran dentro de las plataformas para poder conseguir por ambas partes un mayor poder político. Las peticiones del PTE y de la FSC-PSOE para incorporarse al Consell, y el rechazo de éste a la entrada de los socialistas al Pacte Català acusándoles de su no catalanidad, es un ejemplo de ello.

A finales de marzo de 1976, Jordi Pujol y Miquel Roca, ambos miembros del CFPC, fueron elegidos secretario general y secretario adjunto de Convergencia Democratica de Catalunya (CDC), en la III Asamblea de dicha organización. Tras su elección, Jordi Pujol se dirigió a todas las instancias unitarias del Estado español para invitarlas a reunirse en torno a una declaración común que abriese el camino a la coordinación y acuerdo definitivo de toda la oposición democrática. La estrategia, según él, encaminada hacia el cambio político pasaba por un pacto para la ruptura, pues ni Cataluña ni la ruptura eran negociables. Sin embargo, no se podía decir lo mismo del proceso para llegar a ella. Días antes, en un mitin en Hospitalet de Llobregat, Jordi Pujol elogió al PSUC como “ejemplo de grupo de izquierdas que no había caído en la tentación del lerrouxismo”, algo cuyo renacimiento sería, según él, de lo peor que le podía ocurrir a Cataluña. En su opinión, sólo una Cataluña que ofreciese un nivel económico y social alto, podía conseguir como contrapartida, que la cantidad de población inmigrada hiciera suya la conciencia de catalanidad.121

En aquellos días, tanto el Consell como la Asamblea estaban por la labor de conseguir la amnistía total de todos los presos políticos mediante las acostumbradas movilizaciones coordinadas que se extendían por toda España dentro de un nexo común relacionado con los derechos humanos promulgados por las Naciones Unidas. A este respecto, el líder socialista, Joan Reventós, se quejaba de la mala prensa que tenían los Derechos Humanos dentro del pensamiento socialista aunque, poco a poco, iban apareciendo unos nuevos derechos humanos que no solo eran políticos sino también sociales y económicos. Unos derechos que, en su conjunto, aparecían en la práctica de los socialistas en un sentido muy amplio y en un momento de la historia de Europa en el que las clases conservadoras comenzaban a negar los derechos humanos para defender sus privilegios, lanzándose en manos de un sistema tan autoritario como el fascismo. Por lo tanto, la lucha de las democracias contra el fascismo era una lucha por la conquista de los derechos humanos, políticos, sociales y económicos, una lucha en la que también participaban los socialistas.122

      El 28 de febrero de 1976 se reunió la XIV CPAC, con la asistencia de 91 representantes. Como ocurría en las últimas convocatorias, antes de la entrada en materia política, se dedicaba un corto espacio de tiempo a la presentación de las nuevas incorporaciones de la Asamblea. En esta ocasión la novedad fue la presencia de un representante de los Trabajadores de la Administración Pública (TAP) y otro de la Asamblea de Cataluña de Toulouse. A continuación, el debate se centró en las manifestaciones del 8 de febrero de 1976 llegando a la conclusión generalizada de que fueron los actos de afirmación catalana más importantes registrados desde 1939, resaltando el ejemplo de comportamiento cívico realizado en Sabadell y algunas referencias también a los conflictos de funcionarios, construcción y enseñanza. Seguidamente se formularon propuestas hacia la constitución de los ayuntamientos democráticos planteando previamente la petición de dimisión de los actuales consistorios y la elección democrática de éstos en el marco irrenunciable del nuevo Estatuto de Cataluña en plena elaboración.

      En la reunión, alguno de los asistentes, con cierto delirio pasajero, expresaba en voz alta la similitud que podrían producir unas elecciones municipales libres como las del 12 de abril de 1931, que provocaron la caída de la Monarquía y la llegada de la II República. Sin embargo, las conclusiones finales a la que llegaron los representantes presentes se concretaron en el “Manifiesto por la Democracia” que era el documento donde se exponían las bases imprescindibles para la puesta en marcha de los Ayuntamientos democráticos. Estas propuestas pasaban por el reconocimiento y la participación de todos los partidos políticos, sin exclusiones, en el marco de una plena libertad de expresión y propaganda; por unas elecciones por sufragio universal de la totalidad de los consistorios; por la liquidación del sistema corporativista de los Tercios familiares y por el derecho de voto a partir de los 18 años.

      Así, pues, nuevamente la maquinaria reivindicativa se puso en marcha, esta vez en apoyo al manifiesto elaborado y a la campaña proamnistía, estableciendo la Asamblea las próximas manifestaciones entre los días 2 y 5 de abril, siguiendo el mismo protocolo de anteriores ocasiones para la petición oficial de autorización gubernativa. En esta ocasión el documento iba acompañado con la firma de 160 ciudadanos con renombre en la vida pública catalana, pero esta vez, el esfuerzo invertido no acompañó al resultado de la convocatoria, pues la participación ciudadana y la repercusión en los medios de comunicación fue escasísima aunque sí hubo ocasión para atizar dialécticamente al opresor de siempre. El portavoz del PSUC comentaba al respecto que:

“El cabeza de la represión en Barcelona, Sánchez Terán, vuelve a tropezar en la misma piedra aconsejado por el reformador dictatorial Fraga Iribarne (...) Como que la manifestación sería secundada por muchísimos ciudadanos, es peligrosa y no puede ser autorizada. La razón aludida no pudo ser más propia de un enemigo de las libertades elementales”.123

La manifestación del domingo 3 de abril fue efectivamente prohibida por el gobernador civil y disuelta posteriormente por la policía antes de llegar a la montaña de Montjüic, que era el destino final. El grupo más numeroso, unas tres mil personas que estaban concentradas entre las calles Villarroel y Consejo de Ciento, también fueron disueltas por la autoridad.124 Por el contrario, otra manifestación convocada por la Confederación de Combatientes, que celebraban la victoria de las tropas nacionales del 1º de abril de 1939, finalmente sí pudo seguir su curso en las instalaciones internas de las Atarazanas, en plena exposición de momias egipcias, donde representantes de la Agrupación de Hermandades de la Cruzada y de la División Azul pudieron escuchar el mitin a cargo de Luis de Caralt y Juan Sánchez Bustamante, con un enfervorizado público cercano a las mil quinientas personas.

A pesar de todos estos contratiempos, la Asamblea continuó utilizando esta nueva estrategia con otro intento infructuoso de presentar el Manifiesto por la Democracia al alcalde de Barcelona, Joaquín Viola, y a las autoridades municipales la tarde del día 4 de abril en representación de tres mil ciudadanos. El documento presentado llevaba la firma de: Josep Andreu Abelló, Pere Portabella, Joan Reventós, Miquel Sellarés, Joan Senent Josa, Joan Ramon Colominas y Salvador Corominas.125 Días después, en una nota difundida el 8 de abril por el SCPAC se hizo constar el menosprecio recibido

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