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      En vista de la actitud del gobierno y a pesar de su apuesta propagandística alabando su apertura democrática, la conclusión en los medios opositores fue que Juan Carlos I no era la solución sino que había agravado la situación. Incluso aceptando el sufragio universal en contra de las Leyes Fundamentales, las reformas que se implantasen no introducirían la democracia porque no podían poner en juicio electoral las cuestiones del poder político, del Estado autoritario, de la soberanía popular, de la monarquía impuesta por Franco ni, en definitiva, de la libertad. En consecuencia, uniendo la falta de autoridad del Estado a la propia descomposición estructural del régimen con la aceleración liberal y democrática de toda la sociedad española, daba como resultado una aparente incoherencia a la política de la monarquía. Por tanto, si el análisis era correcto, la misión de la oposición democrática debía hacer fracasar el plan gubernamental con la colaboración de los partidos no comunistas, los partidos de centro en Cataluña, País Vasco y Galicia, la colaboración exterior del Parlamento Europeo y la Comisión de la Comunidad Europea, proponiendo un congreso de la democracia española en el mismo Parlamento Europeo para hacer fracasar el intento de perpetuación del franquismo con la oligarquía monárquica.

      La unidad de la Junta y la Plataforma se hizo indispensable como oposición al régimen para conseguir la “ruptura democrática” de las instituciones franquistas, donde el movimiento obrero sería la verdadera punta de lanza de la ruptura. Sin embargo, hasta que eso sucediera, de momento cada organismo iría por su lado.

      Por otra parte, la JDE se opuso a la idea de que la congelación de salarios decretada por el Consejo de Ministros pudiera resolver los problemas actuales de la economía española. También exigió la inmediata libertad de los nueve jefes y oficiales del Ejército acusados de pertenecer a la Unión Militar Democrática (UMD). Y con respecto al problema del Sahara, consideró que:

      No obstante, dos días después de la reunión celebrada en París, Junta y Plataforma comenzaron a planificar su fusión, resolviendo que el principal punto de discrepancia entre ambas organizaciones consistía en la incongruencia de que los partidos democráticos pudieran colaborar con un partido comunista totalitario y antidemocrático.

      Sin embargo, el 15 de enero de 1976 se consiguió llegar a un acuerdo, consensuado por ambas organizaciones, aludiendo al apoyo al movimiento obrero e indicando que los incrementos salariales no podían ser considerados como causa fundamental de la inflación. También se pidió la liberación de los trabajadores detenidos y la negociación directa entre empresarios y trabajadores.

      Como apoyo a esta estrategia, se convocaron diversas manifestaciones, siendo la realizada el 17 de enero en Valencia la más numerosa, contando con alrededor de veinte mil personas a favor de la JDE y el Consell Democratic.

      En toda España se sentía una auténtica efervescencia política con la presentación pública de los partidos políticos, la mayoría emergiendo desde la clandestinidad mientras que otros nuevos que se incorporaban al espectro político. Algunos se constituían en plataformas unitarias a fin de conseguir la mayor representatividad posible. Este fue el caso de la Confederación Socialista que finalmente llegó a unirse con la Conferencia Socialista Ibérica; o como en Galicia, donde se constituyó la plataforma del Consello de Forzas Políticas Galegas.

      Sin duda, estos pactos resultaron frágiles en su contenido, llegando a crear confusión y enfrentamiento entre ellos, dada la volatilidad de las alianzas entre los diferentes organismos políticos que se sucedían constantemente en función de lo que defendieran en cada momento. Como ejemplo de ello, el comité de relaciones exteriores de la AD de Euzkadi y la comisión de enlace de la Asamblea, acordaron el 28 de enero denunciar la vigencia del Decreto-Ley Antiterrorista.

      En Cataluña, dentro de la propia FSC-PSOE saltaron las alarmas al publicarse un artículo escrito por José Luis Fernández Casado que pertenecía a la Comisión de Trabajo de la FSC titulado “El PSOE contra el Consell de Forces Polítiques”. En el se indicaban las distintas tendencias del socialismo catalán así como los problemas ideológicos entre las dos formaciones:

      Desde el prisma nacionalista catalán, el líder de CDC, Jordi Pujol, puntualizaba sobre la realidad política en aquel momento:

      Pujol también se refirió a la distinción entre la ruptura y la evolución, terciando a favor de la primera, anunciando que: “De trencadissa poca o molta n’hi a de haber”. Lo sorprendente de la situación era que todos estos mensajes, enviados desde los partidos con un fuerte contenido ideológico, eran publicados sin ningún tipo de cortapisa administrativa, dando la señal de un nuevo síntoma de cambio y de la propia indecisión del gobierno ante la nueva política de aperturismo aparente. De esa forma fue autorizado el recital de música del cantautor Lluís Llach en el Palacio de los Deportes de Barcelona y denegado el acto al cantante flamenco Manuel Gerena, afín a los movimientos de oposición política, que fue detenido y multado. Llach actuó los días 15, 16 y 17 de enero en tres apoteósicas actuaciones ante un enfervorizado público que rondaba las veinticinco mil personas. Tras ocho meses de silencio, comenzó con un: “Moltes gracies en nom de L’Assemblea de Catalunya”. En días anteriores, Llach comentaba que:

      En todos los recitales asistieron representantes de la Asamblea, del Consell y de todo el espectro catalanista, entre los que destacan: Joan Reventós, Joan Prats, Jaume Casanovas, Ramon Trías Fargas, Jordi Pujol, Miquel Roca Junyent, Josep Andreu

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