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Agua segura como derecho humano. María Cristina Garros
Читать онлайн.Название Agua segura como derecho humano
Год выпуска 0
isbn 9789506231996
Автор произведения María Cristina Garros
Жанр Юриспруденция, право
Издательство Bookwire
Supervisión de los Objetivos y medios de aplicación de la Agenda 2030
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 metas de la nueva agenda se supervisan y examinan a nivel mundial mediante un conjunto de indicadores mundiales. Los gobiernos también elaboran sus propios indicadores nacionales. A ello se le suman las reuniones anuales del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, que tienen un papel fundamental en lo que respecta a examinar los progresos conseguidos.
Asimismo, los medios de aplicación constituyen un elemento fundamental de la nueva agenda. Para alcanzar los objetivos, se requerirá una inversión sustancial tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La agenda exige que se movilicen considerables recursos, cuyo importe puede ascender incluso a billones de dólares.
Las consecuencias del fenómeno climático
El cambio climático ya afecta a la salud pública, la seguridad alimentaria e hídrica, el acceso al agua potable, la migración, la paz y la seguridad. La política y los acuerdos sobre el cambio climático influyen de modo drástico en las demás políticas, acciones y tendencias sobre ambiente y desarrollo, de modo que desconocer sus serias implicancias haría retroceder los logros alcanzados en los últimos decenios en materia de desarrollo e impediría realizar nuevos avances.
El agua en la República Argentina
En la República Argentina, los datos y estadísticas referidos al agua deben analizarse con profundidad para no llegar a conclusiones erróneas. Una primera simplificación estadística resulta alentadora: los recursos hídricos superficiales de la Argentina cuentan con un caudal medio de 26.000m3/s (820.000 millones de m3/año), lo que significaría abundancia para la cantidad de habitantes de nuestro país si el recurso se usara de manera racional, equitativa y regulada para bebida, higiene, energía, riego y ganadería. Sin embargo, estos datos crudos ningún significado tienen en sí mismos porque no se relacionan con la real distribución en el territorio y no son constantes en el tiempo. El 85 % del total de estos corresponden al área de la cuenca del Plata que representa el 30 % del territorio. En tanto que el territorio de áreas áridas y semiáridas dispone de menos del 1 % del total de los recursos hídricos superficiales, que son el 11 % del territorio. En total, más del 75 % del territorio nacional presenta condiciones áridas y semiáridas, y hay extensas regiones cuya disponibilidad de agua está por debajo del índice de estrés hídrico publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es de 1000 m3/año habitante (6).
Las aguas subterráneas han tenido un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico de las regiones áridas y semiáridas como fuente de abastecimiento de la población, para la industria y el riego. Las áreas urbanas, así como la población rural, se abastecen total o parcialmente con agua subterránea. No obstante, se presentan limitaciones para determinados usos por su calidad y por su vulnerabilidad a la contaminación, ya sea natural o provocada por las actividades humanas, por ejemplo, altos contenidos de flúor y arsénico, contaminación por nitratos, salinización por sobreexplotación.
Se ha producido, asimismo, la degradación de la calidad de las aguas subterráneas. La presencia de arsénico y nitratos en las aguas subterráneas, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable de la población rural y de ciertas zonas urbanas, alcanza niveles peligrosos por su efecto acumulativo que causa daños en la salud. Hay problemas graves de contaminación en las zonas urbanas por las descargas no controladas de aguas residuales crudas.
Los sistemas de riego, elemento clave para el crecimiento del producto agrícola, de las agroindustrias y de las exportaciones estacionales, y que representa el 70 % de todas las extracciones para uso consuntivo del agua, tienen una eficiencia muy baja, inferior al 40 %. Los métodos de riego tradicionales aún predominan, y las superficies con sistemas de riego modernos son insignificantes. Un síntoma de esta ineficiencia generalizada se manifiesta en el hecho que, de los 1,5 millones de hectáreas bajo riego en el país, un tercio tiene problemas de salinización del suelo y/o de drenaje.
Los problemas de minado de acuíferos y contaminación vertical de napas freáticas independientes son importantes. Según el Poder Ejecutivo Nacional, 39,8 millones de personas en la Argentina residen en áreas urbanas (2015). De ellas, el 87 % tiene acceso a agua por red pública y el 58 % a cloacas; aparte de esto, en lo que corresponde al tratamiento de aguas servidas, el porcentaje está debajo del 20 % (7).
El sector hidroeléctrico —que abastece una proporción importante de la demanda eléctrica nacional—, el de navegación—que opera a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná y Alto Paraná—y el turístico constituyen usos con importantes perspectivas de expansión, que compiten cada vez más con los tradicionales.
Las inundaciones, producto de crecidas y lluvias intensas, afectan de forma cada vez más frecuente porciones importantes del territorio, particularmente en la región litoral y pampeana, y traen consecuencias negativas en aspectos sociales, económicos y ambientales de gran magnitud en el ámbito urbano y en el rural.
Los sucesivos diagnósticos del marco institucional en la Argentina concluyen que la gestión de los recursos hídricos, tanto al nivel nacional como al nivel provincial, se caracteriza principalmente por una fragmentación sectorial e institucional. La falta de coordinación interinstitucional, e incluso de comunicación e intercambio de informaciones entre las distintas dependencias, genera conflictos, pérdida de oportunidades de cooperación y, en ocasiones, dilución de las responsabilidades.
El proceso de privatizaciones de los organismos del sector, iniciado en 1993, ha incrementado el tamaño y la complejidad de la trama institucional, incorporando a ese marco un conjunto de nuevos actores, tales como los operadores privados en el sector agua potable y saneamiento, el sector hidroenergético, el sector riego y el sector navegación fluvial. El nuevo régimen jurídico de los puertos, con la sanción de la Ley 24093 impacta también, a lo que deben sumarse nuevas formas de control inauguradas en los noventa, con los llamados “entes reguladores” (8).
El régimen jurídico del agua en la Argentina se ha tornado complejo aún más por el fracaso de la Ley de Presupuestos Mínimos de la Gestión Ambiental de Aguas, cuya aplicación es casi nula, y por la imposibilidad de las provincias de convertir en ley los Principios Rectores de Política Hídrica que buscaban ese objetivo. Como dato concreto, tenemos que las nuevas normas ambientales e hídricas no logran alcanzar los objetivos que se proponen con escaso cumplimiento y aplicación, cosa que, aunque absurda, es una verdad ostensible: escasa coordinación de políticas ambientales; difícil consolidación del sistema de presupuestos mínimos ambientales para reglar la competencia de la nación y las provincias; fragmentación de normativa y políticas de recursos naturales, lo que nos muestra el feudalismo jurídico imperante; visión de conflicto entre la producción económica y la protección ambiental, tanto el ámbito privado como en el estatal; desconocimiento y/o escasa aplicación de la normativa ambiental por parte de los jueces y asimetría de protección jurídica ambiental e hídrica entre provincias.
Por otro lado, aparece como evidente un dato que se debe tomar en cuenta porque marca el rumbo para el futuro: hay una mayor conciencia social ambiental y de cuidado del agua y hay una mayor información acerca de la protección ambiental, a la vez que se valora el tema como prioritario en una amplia franja de la sociedad argentina. Este dato no es menor: ahora la sociedad nacional incorpora en su sistema de valores la protección ambiental, con lo cual la exigencia y presión social son mayores. Esto tiene notoria influencia en cuanto al poder de policía para el cumplimiento de la normativa ambiental vigente como a su protección judicial y a la modificación y ajuste de la legislación por parte del legislador. Esta educación ambiental informa y forma a los mismos ciudadanos en su quehacer cotidiano, en una escalada progresiva de mejoramiento de la calidad ambiental y de la protección de los recursos hídricos.
Marco